4 A. Adopción, sin dilación, de las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de los miembros de las comunidades constituidas por el Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curvaradó beneficiarias de las presentes medidas provisionales A.1. Información del Estado 6. El Estado manifestó que las “comunidades afrocolombianas […gozan] de una especial protección” que obliga al Estado a respetar su “autonomía, integridad, dignidad y cultura”, como lo establecen las normas constitucionales y el Convenio 169 de la OIT. Particularmente, el Estado resaltó la Ley 1448 de 10 de junio de 2011, por medio de la cual d. El 9 de mayo de 2011 informaron sobre ocho hechos de alegadas amenazas, intimidaciones y saqueo de casas y cultivos, presuntamente perpetrados por paramilitares, desde el 17 al 25 de abril de 2011. e. El 2 de agosto de 2011 informaron de la “desaparición forzada de Everto González, integrante del consejo menor de Caracolí, adscrito a la zona humanitaria [Caracolí]”. Los supuestos hechos fueron presuntamente perpetrados por “paramilitares el […] 23 de julio” de 2011. Asimismo, los representantes informaron sobre presuntas amenazas de muerte y de reclutamiento forzado en perjuicio de habitantes de las comunidades. Según los representantes, “[l]os casos que [fueron] denunciados […] obliga[rían] al desplazamiento [forzado] de dos familias […] integrantes de los consejos menores de Curvaradó”. f. El 8 de agosto de 2011 informaron de la desaparición forzada del señor Francisco Pineda, “integrante de un consejo comunitario, vecino de Caracolí”, quien presuntamente fue abordado por paramilitares el 1 de agosto de 2011. Según la información remitida por los representantes, “[l]os paramilitares se lo [habrían] lleva[do para] arreglar asuntos de tierras” y desde entonces no se conoce su paradero. Asimismo, informaron sobre “amenazas, y planes de asesinato contra miembros de los consejos menores” y sobre la presencia de paramilitares en las “cuencas de los río[s] Jiguamiandó y Curvaradó”, aunado a la “omisión de los miembros de la fuerza pública de proteger la vida e integridad personal de los habitantes de las zonas humanitarias”. g. Mediante documentación anexa al escrito de 8 de agosto de 2011, informaron sobre diecinueve hechos relacionados con presuntas amenazas, intimidaciones, presencia paramilitar, ocupación de territorios colectivos y desplazamiento forzado en perjuicio de habitantes de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. Estos hechos se perpetrarían entre el 6 de julio y el 31 de agosto de 2011. h. El 29 de agosto de 2011 informaron que el día anterior se hallaron dos cuerpos sin vida “frente a la [z]ona [h]manitaria de Caño Claro Andalucía en Curvaradó”. Según los representantes, las alegadas ejecuciones habrían sido ejecutadas por presuntos paramilitares. Asimismo, los representantes manifestaron que para la fecha, “más de 31 reclamantes de tierras se enc[ontraban] amenazados de muerte”. i. El 10 de octubre de 2011 informaron sobre el “[a]sesinato del indígena Jhon Jairo Domicó, en el territorio colectivo del Curvaradó”. Según los representantes, el “indígena Embera habría sido asesinado por [presuntos] paramilitares”. Igualmente, reportaron ocho hechos de “presencia paramilitar […,] [a]menazas […,] bloqueo económico […e] irrespeto a lugares humanitarios, exclusivos de la población civil”, en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó. j. El 17 de febrero de 2012 remitieron información relativa a la “la persistencia paramilitar en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó […, las a]menazas y señalamientos contra líderes y lideresas habitantes de las zonas humanitarias […, la c]ontinuidad de las campañas mediáticas de desprestigio contra Ligia María Chaverra […y la p]ersistencia de cultivos ilícitos en el territorio”. k. El 22 de mayo de 2012 informaron sobre la presunta “desaparición forzada y homicidio” del líder de restitución de tierras de la comunidad de Apartadocito Manuel Ruiz y su hijo Samir de Jesús Ruiz, ocurridos entre el 23 y el 27 de marzo 2012, así como del desplazamiento forzado de su familia. l. Asimismo, el 16 de octubre de 2012 los representantes manifestaron que, en el “trámite de las presentes medidas [provisionales], a raíz de la orden de restitución material de tierras ordenada por la Corte Constitucional de Colombia, han sido amenazadas de muerte, […] Pedro Cortés [y] Eliécer Ramos[, …] de la Zona Humanitaria de Andalucía Caño Claro; Raúl Palacios Salas, Sixta Tulía Pérez, Blanca Rebolledo, Liría Rosa García, Edwin Martínez, y Mario Castaño, de la Zona Humanitaria de Caracolí; […] Leydis Tuirán, Noemi Mesa, Nancy Sierra, Santander Nisperusa, Alfonso Saya, Dalida Sánchez, Andrés Lance, Paola Lance, Miguel Mercado, Silvio Mercado, Edgar De Jesús Ricardo y Andrés Medrano[,] de la Zona Humanitaria de Caño Manso; Nevys Yanes, Luis Durango, […] David Recuero, William Plazas, James Tovar y Franklin Yañez, de la Zona Humanitaria el Tesoro; […] Eustaquio Polo, […] Miguel Hoyos, José Francisco Rosario y Euclides Trejos, de la Zona Humanitaria Camelias; Enrique Cabezas del Consejo Menor de Apartadocito, Guillermo Diaz de la Zona Humanitaria Argénito Díaz, Ubert Alvarado de la Cuenca de Jiguamiandó, Marta Martínez del Consejo Menor de Caño Manso y Oliver Blanco, entre [o]tros”. m. El 6 de mayo de 2013 informaron sobre alegadas amenazas a la vida e integridad personal de los señores Enrique Cabezas y Guillermo Díaz, líderes de la zona, y remitieron el Informe de “Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”, elaborado por el Instituto colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) el 12 de julio de 2012, sobre la ocupación ilegal de los territorios de Jiguamiandó y Curvaradó.