INFORME Nº 55/06
PETICIÓN 12.380
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS
JOSÉ ALVÉAR RESTREPO
ADMISIBILIDAD
COLOMBIA
20 de julio de 2006

I.

RESUMEN

1.
El 19 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante "la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por la
Corporación Colectivo de Abogados "José Alvéar Restrepo” (en adelante "el Colectivo de
Abogados") y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (en adelante "los
peticionarios"), en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República de Colombia
("el Estado") por los presuntos ataques, actos de intimidación y hostigamiento, y amenazas de
las que han sido víctimas los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvéar
Restrepo" (en adelante "las presuntas víctimas") como represalia por su trabajo por la defensa
de los derechos humanos en Colombia. Los peticionarios alegaron que los hechos denunciados
configuraban la violación a los derechos establecidos en los artículos 4, 5, 8.1, 11, 13, 16, 22 y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la Convención Americana") en
relación con las obligaciones que derivan del artículo 1.1 del mismo instrumento.
2.
Con relación a la admisibilidad del reclamo, los peticionarios alegaron que el
presente caso debe ser exceptuado del requisito del agotamiento previo de los recursos de la
jurisdicción interna dada a la imposibilidad de agotar los recursos disponibles y a su ineficacia.
Según los peticionarios, quince años después de haberse iniciado los actos de hostigamiento,
ataques y amenazas contra los miembros del Colectivo de Abogados y pese a haber
denunciado cada uno de los hechos, el Estado no ha tomado medidas efectivas tendientes a
impedir que estos actos queden en la impunidad; y tampoco ha adoptado las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los miembros de la organización, ni de los
funcionarios judiciales involucrados en la denuncia e investigación de los hechos; lo cual a su
juicio hace aplicable al caso las excepciones al agotamiento de los recursos internos.
3.
El Estado, por su parte, argumentó que los recursos de la jurisdicción interna
no sólo no habían sido agotados, sino que "han estado especialmente activos en la justicia
penal ordinaria para producir resultados contundentes". El Estado alegó que sus autoridades
han adelantado múltiples gestiones tendientes a avanzar en las investigaciones por los
hechos, lo que demuestra la seriedad de sus gestiones, en las cuales “no siempre han contado
con la necesaria y valiosa colaboración oportuna de los peticionarios en la recopilación de
información. En consecuencia, el Estado sostuvo que no había sido satisfecho el requisito de
agotamiento previo de los recursos de la jurisdicción interna, establecido en el artículo 46 de
la Convención Americana.
4.
Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión concluye que es
competente para decidir sobre el reclamo presentado por los peticionarios, y que el caso es
admisible, a la luz del artículo 46 de la Convención Americana. En consecuencia, la Comisión
decide notificar su decisión a las partes, continuar el análisis de fondo relativo a las supuestas
violaciones de la Convención Americana y publicar el presente Informe de Admisibilidad e
incluirlo en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.

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