uniformes. Además, un total de 10.125 cámaras 268 están actualmente en
funcionamiento, distribuidas en 65 Batallones de Policía Militar y existen dos equipos
que permiten la monitorización de vehículos: el terminal portátil de datos (TPD) y la
telemetría. Mencionó que en el 2015 el Consejo Nacional del Ministerio Público emitió
la Resolución No. 129, la cual dio génesis al sistema de registro de muertes resultantes
de la intervención policial. En el 2022 se publicó la Ordenanza Cmt G PM4-1/1.2/22 la
cual dispone expresamente la mejora constante del uso de equipos menos letales, que
incluye los de incapacidad neuromuscular como uno de los objetivos estratégicos
definidos por el Comando General de la Policía Militar. Por otra parte, manifestó que
los Ombudsman de la Policía, en São Paulo, son nombrados por el gobernador a partir
de una terna formada por la sociedad civil (Consejo Estadual de Defensa de la Persona
Humana, CONDEPE).
177. En atención a la solicitud del Estado (supra párr. 174), la Corte recuerda que ha
determinado la necesidad de otorgar diversas medidas de reparación a fin de resarcir los
daños de manera integral, entre ellas, las garantías de no repetición, mediante las cuales el
Estado tiene el deber de adoptar medidas de carácter positivo para asegurar que no se repitan
hechos lesivos como los constatados en cada caso 269. Asimismo, el Tribunal ha reiterado que
el Estado, en cumplimiento de sus deberes de prevención y garantía de los derechos
fundamentales reconocidos por la Convención Americana, debe prevenir la recurrencia de
violaciones a los derechos humanos como las acontecidas y, por eso, adoptar todas las
medidas legales, administrativas y de otra índole que fueran necesarias para evitar que
hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro 270. En consecuencia, la Corte advierte que
podrá observar dicha obligación para valorar las medidas de reparación solicitadas por la
Comisión y los representantes que se relacionen con las violaciones declaradas por el Tribunal
y reparen proporcionalmente los daños materiales e inmateriales según su naturaleza.
178. Ahora bien, considerando que para la época de los hechos el Ministerio Público del
estado de São Paulo no tenía estructura u órgano alguno destinado a actuar de forma colectiva
en el control externo de las fuerzas policiales 271 y la solicitud de los representantes de adoptar
medidas en tal sentido, a continuación, el Tribunal procederá a analizar si cuenta con
información para determinar si esta situación fue subsanada o si se sigue presentando.
179. La Corte constata que el Ministerio Público posee, entre otras funciones, el mandato
constitucional de ejercer el control externo de la actividad policial 272, de modo que la policía
no se subordina administrativamente a tal institución. El Ministerio Público posee el poder de
268
En cuanto al tiempo de almacenamiento de la evidencia digital, señaló que la Directriz PM3- 01/02/22
establece que la evidencia digital producida tiene una temporalidad de 90 días para videos no intencionales o
rutinarios; un año para videos intencionales, y tres años para la evidencia digital compartida con usuarios registrados
o agencias. Además, está disponible un sitio web con lecciones en video y materiales de apoyo para miembros de
organismos externos sobre la activación y el control de las cámaras.
269
Véase, por ejemplo: Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, supra, párr. 221; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 201; Caso Heliodoro Portugal
Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C
No. 186, párr. 229, y Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, supra, párr. 226, y Caso Rodríguez Pacheco
y otra Vs. Venezuela, supra, párr. 152.
270
Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de
2007. Serie C No. 166, párr. 153, y Caso Angulo Losada Vs. Bolivia, supra, párr. 195.
271
Cfr. Declaración rendida por affidávit de Arthur Pinto Filho de 26 de enero de 2023 (expediente de prueba,
folio 8540), y Declaración de la testigo Vania Tuglio rendida durante la audiencia pública del presente caso.
272
De conformidad con el afirmado por el perito Antonio Henrique Graciano Suxberger, la policía militar son
fuerzas estaduales que observan una organización militarizada, pero no forman parte de las Fuerzas Armadas aun
cuando se rigen por el Código Penal Militar y el Código de Procesos Penal Militar. Cfr. Versión escrita del peritaje
rendido por Antonio Henrique Graciano Suxberger ante la Corte el 25 de enero de 2023 (expediente de prueba, folio
8544).
61
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