Públicas están dotadas de autonomía funcional y administrativa, y tienen presupuesto propio, desvinculado del presupuesto del Poder Ejecutivo. Asimismo, que la Ley Orgánica de la Defensoría Pública establece en su artículo 8, como una de las fuentes de ingresos, los "honorarios de abogados fijados en las acciones en que ha actuado”. 209. El Estado solicitó a la Corte que las costas y gastos solo sean ordenados si se declara la responsabilidad internacional del Estado, y que para calcularlos tome en cuenta los parámetros de su jurisprudencia, considerando como costas únicamente las cantidades razonables y debidamente comprobadas y necesarias para la actuación de los representantes ante el Sistema Interamericano, considerando la documentación de soporte, la relación directa de las reclamaciones con el caso concreto y las circunstancias del caso. 210. La Corte reitera que, conforme a su jurisprudencia, las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable 315. 211. La Corte reitera que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan con claridad los rubros y su justificación 316. En ese sentido, el Tribunal nota que los representantes presentaron un cuadro explicativo respecto a los gastos. La cantidad solicitada corresponde a las erogaciones efectuadas durante el trámite ante la Corte, compuesta por los siguientes rubros: el pago de R$257,25 (doscientos cincuenta y siete reales con veinticinco centavos) por la emisión del pasaporte de Silvana Bernardino do Carmo, de R$61,20 (sesenta y un reales con veinte centavos) por los gastos notariales de tres affidavits, de R$ 6.645,78 (seis mil seiscientos cuarenta y cinco reales con setenta y ocho centavos) por los boletos aéreos de dos defensores, de R$ 4.628,88 (cuatro mil seiscientos veintiocho reales con ochenta y ocho centavos) por los viáticos de estos dos defensores (hospedaje, alimentación y transporte); de R$ 3.277,20 (tres mil doscientos setenta y siete reales con veinte centavos) por gastos para la transmisión de la audiencia a los familiares, y R$50.000 (cincuenta mil reales) por los honorarios de los dos defensores. Únicamente no presentaron los comprobantes respecto a los alegados honorarios. 212. La Corte aprecia que las víctimas del presente caso fueron representadas al menos en el ámbito internacional por la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, entidad a la que se le asigna un presupuesto público específico. En el presente caso, nota que existe una habilitación legal para que tal Defensoría reciba el reintegro de emolumentos. Particularmente, mediante la Ley Complementaria No.988 de 9 de enero de 2006 se indica que el presupuesto de dicha institución estará conformado, entre otros, por los honorarios 315 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 42, 46 y 47, y Caso Córdoba Vs. Paraguay, supra, párr. 155. 316 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 277, y Caso Córdoba Vs. Paraguay, supra, párr. 156. 73

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