175. Por otro lado, adujo que ha realizado esfuerzos para contrarrestar la violencia policial. En particular, resaltó que en el estado de São Paulo ha habido una importante disminución de las “tasa de homicidio”, pasando de 33,33 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2001 a 6,27 en 2019. En el mismo sentido, informó que, en julio de 2020, en la Policía Militar del Estado de São Paulo se creó la Comisión de Mitigación de Riesgos, con el objetivo de identificar inconformidades y ajustar protocolos de actuación y procedimientos operacionales para evitar muertes en circunstancias semejantes. Igualmente, se configuró un sistema de compliance en la Policía Militar y se han reforzado los mecanismos de supervisión y de disciplina con especial énfasis en la Policía Judicial Militar. Agregó que la actividad policial cuenta con controles internos y externos. Por otro lado, informó que, a través del Sistema de Salud Mental de la Policía Militar, se proporciona acompañamiento profesional al personal policial involucrado en hechos de alto riesgo, y que están invirtiendo en equipos técnicos de menor potencial ofensivo y se están incorporado cámaras en el uniforme policial militar. Destacó que, a nivel federal, ya cuenta con una Política Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social, un Sistema Único de Seguridad Pública y una Secretaría Nacional de Seguridad Pública, las que regulan el ejercicio de las actividades policiales. Finalmente, respecto de otras medidas de carácter administrativo, argumentó que se trata de medidas de naturaleza programática que dependen del ejercicio de la función de gobierno y administrativa, de la existencia de condiciones económicas favorables y de la actuación del poder legislativo, por lo cual hizo un llamado a la prudencia que debe acompañar la orden de reparaciones. 176. Adicionalmente, el Estado aclaró que varias medidas solicitadas por los representantes guardan similitud con las que fueron presentadas en la acción civil pública no.102536176.2019.8.26.0053, tramitada en el Juzgado Cuarto de la Hacienda Pública. En ese contexto, el Estado informó las medidas que habría adoptado como resultado de un acuerdo efectuado durante tal acción, en los siguientes términos: i) Control externo de la actividad policial: indicó que en el 2022 se implementó el Sistema de Supervisión y Normalización Operativa en los servicios policiales militares (SISUPA), a través de la Sección Sexta del Estado Mayor, con el objetivo de desarrollar las actividades de preparación de propuestas, formateo, aprobación, capacitación y supervisión de los Procedimientos Operativos Estándar (POE). En el 2020 se publicó el Manual de Fundamentos de Policía Ostensiva y de Preservación del Orden Público, con información y prácticas de la actividad policial, con énfasis en acciones preventivas. En el 2021 se publicó la segunda edición del Manual de Derechos Humanos y Ciudadanía, que permite la preparación de agentes de policía y medios adecuados y necesarios para la promoción de los Derechos Humanos y la Ciudadanía. Asimismo, a mediados de agosto de 2021, comenzaron las negociaciones para la reinstalación de una Comisión de Monitoreo de Letalidad de la Policía 267 con el Departamento de Seguridad Pública ii) Disminución de la violencia policial: informó sobre el programa "Olho Vivo" que tiene como objetivo monitorear la actividad policial a través de cámaras corporales en agentes. Particularmente, sostuvo que para diciembre de 2023 todos los oficiales de la policía militar en servicio en el estado de São Paulo usarán cámaras en sus 267 Según indicó el Estado, la Comisión está integrada por representantes de la Secretaría de la Policía Militar, la Policía Civil y la Superintendencia de la Policía Técnico-Científica de São Paulo, así como representantes del Instituto Sou da Paz, el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el Ministerio Público y la Defensoría Pública del Estado de São Paulo. Al respecto, sostuvo que el “estado de São Paulo se compromete a mantener esta comisión con representantes del Estado, del Ministerio Público y de la Defensoría Pública, sin perjuicio de la evaluación de la participación de otras entidades públicas y privadas con actuación relevante en temas de seguridad pública”. 60

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