-18- Después de su cese del Congreso de la República recurrió a la vía administrativa, luego a la vía judicial, incluyendo el Tribunal Constitucional, buscando su restitución sin resultado alguno, por lo que finalmente acudió a la Comisión Interamericana. Luego de su despido indicó haber tenido que trabajar “en lo que pudiera”, ya que no pudo encontrar un trabajo relacionado con su experiencia profesional, lo cual la ha hecho sentirse “frustrada, dolida [y] con mucha amargura”. No pudo seguir pagando la educación privada de sus tres hijas y las cambió a escuela estatal. La testigo expresó sentir frustración como madre por no poder dar a sus hijas más, y por haber tenido problemas de salud desde la muerte de una de sus hijas. Acudió a la Corte Interamericana “con la esperanza de alcanzar justicia” y solicitó que la Corte “determine la sanción para el Estado, que [los] reincorporen [en su trabajo], que [les] reparen por todos estos años, [que] se [les] indemnice por [su] proyecto de vida frustrado y se [les] den las remuneraciones que h[an] dejado de percibir”. e) Frida Luisa Salas Sobrino, presunta víctima Después de agotada la vía administrativa recurrió a la vía judicial a fin de buscar su reposición en el Congreso. Los trabajadores cesados recurrieron a los parlamentarios, al defensor del pueblo, a los partidos políticos, a los representantes de la Iglesia Católica, a organizaciones de derechos humanos y a procuradores de la Nación. El haber sido cesada como trabajadora del Congreso “le truncó [su] carrera y [su] deseo de realizarse y progresar profesionalmente”. Como el dinero “no alcanzaba”, buscó otras fuentes de ingreso, pero “el trabajo en la calle ha sido duro [y] ha perjudicado [su] salud. […Además, por no tener] seguro médico no [ha] podido atender[se] apropiadamente y [su] estado [físico] empeora”. El banco le “quitó” su casa, ya que no pudo seguir pagando las mensualidades. “Pensando que era lo mejor para [su] hijo”, lo trasladó a vivir con su hermana, y esa separación fue “muy dura”. El quedarse sin trabajo la “afectó mucho; el cambio de vida fue muy duro [y su] salud se afectó”. “Esper[a] justicia de la Corte Interamericana” y le solicitó que “trate de solucionar [sus] problemas, […] que [les] den [sus] derechos, […y] que no se prolongue más [su] sufrimiento”. f) Luisa Chara Pacheco de Rivas, presunta víctima Después de su cese como trabajadora del Congreso acudió a la vía administrativa para reclamar su restitución sin resultado, por lo que presentó una demanda en la vía judicial, llegando luego al Tribunal Constitucional. Como dichas diligencias fueron infructuosas, acudió ante la Comisión Interamericana. Al quedarse sin trabajo tuvo que “vender comida a trabajadores ambulantes”. Posteriormente se trasladó a vivir a Argentina “en busca de mejoras económicas [para] ayudar a mantener a [sus] hijos”. “No pud[o] cumplir con [sus] objetivos de seguir pagando los estudios universitarios de [su] hija[, …] quien tuvo que trabajar para ayudar al hogar”. Se siente frustrada “porque era buena trabajadora, una