solicit[ó] al Estado de El Salvador que, a más tardar el 7 de febrero de 2021, presente
un informe actualizado sobre el estado de cumplimiento de las reparaciones” ordenadas
en la Sentencia que están pendientes de implementación.
9.
El escrito de 19 de octubre de 2020, mediante el cual los representantes,
solicitaron, con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en el artículo 27 del Reglamento de la Corte, la “[a]dop[ción] de
medidas provisionales en favor de las víctimas [de este caso]”, y el escrito de 30 de
octubre de 2020 en el cual presentaron “información adicional relacionada con [esta]
solicitud de medidas provisionales” (infra Considerandos 3 a 5).
10.
Las notas de la Secretaría de la Corte de 20 de octubre y 2 de noviembre de
2020, mediante las cuales, siguiendo instrucciones de la Presidenta del Tribunal, se
otorgó un plazo hasta el 5 de noviembre de 2020, para que el Estado presentara sus
observaciones al escrito de solicitud de medidas provisionales y de “información
adicional” (supra Visto 9).
11.
Los escritos presentados por El Salvador los días 5 y 6 de noviembre de 2020,
mediante los cuales remitió sus observaciones a la referida solicitud de medidas
provisionales y determinada documentación “como ampliación y respaldo” a sus
observaciones.
CONSIDERANDO QUE:
1.
La Corte emitió Sentencia en este caso en el año 2012, el cual se encuentra en
etapa de supervisión de cumplimiento. En ella ordenó, entre otras reparaciones, que el
Estado debía “iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda,
con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las
violaciones declaradas en la […] Sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y, en
su caso, sancionar a los responsables, de conformidad con lo establecido en los párrafos
315 a 321 de [la misma]” (punto resolutivo tercero). En los referidos párrafos de la
Sentencia, se establecieron importantes criterios que necesariamente deben ser
observados por El Salvador para, entre otros, combatir la impunidad y dar cumplimiento
a esta obligación. Entre ellos, se dispuso que el Estado debe:
319.
[…] d) “asegurarse que las autoridades competentes […] tengan las facultades
para acceder a la documentación e información pertinentes para investigar los
hechos denunciados y llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones
esenciales para esclarecer lo sucedido en el presente caso” […].
321.
Al igual que ha sido decidido en el Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, el Estado
debe adoptar las medidas pertinentes y adecuadas para garantizar a los operadores
de justicia, así como a la sociedad salvadoreña, el acceso público, técnico y
sistematizado a los archivos que contengan información útil y relevante para la
investigación en causas seguidas por violaciones a los derechos humanos durante
el conflicto armado, medidas que deberá apoyar con las asignaciones presupuestarias
adecuadas. (Énfasis añadido)

2.
En esta Resolución, la Corte se pronunciará sobre la solicitud de medidas
provisionales presentada por los representantes para proteger “el derecho de acceso a
la justicia de las víctimas de graves violaciones cometidas en el presente caso”, debido
a la alegada reiterada “negativa de las autoridades militares a brindar información” sobre
planes y operativos de la época, que sería relevante para esclarecer los hechos del caso
en el proceso penal en curso y la determinación de otras personas responsables (infra
Considerandos 3 a 5 y 12). Para valorar esta solicitud, se tendrá en cuenta también las
observaciones del Estado (infra Considerandos 6 y 7).

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