REF.:

Caso Nº 12.870
Yenina Esther Martínez Esquivia
Colombia

21 de mayo de 2019

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos el Caso Nº 12.870 – Yenina Esther Martínez Esquivia respecto de la República de Colombia (en
adelante “el Estado”, “el Estado colombiano” o “Colombia”).
El caso se refiere a una serie de violaciones en el marco del proceso materialmente sancionatorio
que culminó con la destitución de la víctima de su cargo de Fiscal Delegada ante los Juzgados Penales del
Circuito de Cartagena. La Comisión determinó que el Estado violó los derechos a ser oída, el derecho de
defensa y el principio de legalidad en perjuicio de la víctima. Al respecto, la CIDH determinó que el
nombramiento de la víctima sin ningún plazo o condición resultó incompatible con la Convención y las
garantías de estabilidad reforzada que deben proteger a fiscales, creando las condiciones para que
tuvieran lugar hechos como los del presente caso. Igualmente, determinó que la decisión carece de
motivación, lo cual no permitió conocer las razones que determinaron el cese de la víctima, de tal forma
que se disuadan las sospechas y alegatos de que se trató de una represalia por las decisiones adoptadas
en el ejercicio de su cargo. La Comisión concluyó que la forma de cesar a la víctima de su cargo configuró
violaciones adicionales al deber de motivación, el derecho de defensa y el principio de legalidad, pues al
no tratarse de un procedimiento formalmente disciplinario, no contó con las garantías mínimas para la
imposición de una sanción.
Por otra parte la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a la protección judicial porque
en ninguna de las vías intentadas por la víctima contó con un recurso efectivo para impugnar la decisión
que la cesó en su cargo. Además, uno de los alegatos planteados por la víctima es que su cese había sido
una represalia por una serie de actuaciones como fiscal, sin embargo el Estado no verificó si existía una
motivación o un propósito distinto al de la norma que otorga las potestades a la autoridad estatal.
Asimismo, la Comisión concluyó que el Estado violó la garantía del plazo razonable en relación con el
recurso de apelación interpuesto por la víctima en el ámbito laboral respecto del fuero sindical fue
resuelto más de 4 años después de interpuesto, pese a que el asunto no revestía ninguna complejidad.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica

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