14.
La Comisión ofreció como prueba pericial el dictamen de Perfecto-Agustín
Andrés Ibáñez, indicó el objeto de su declaración 4 y adjuntó su hoja de vida. Al respecto,
la Comisión consideró que el peritaje ofrecido podrá aportar elementos de análisis sobre
aspectos de orden público interamericano, en los términos del artículo 35.1 f) del
Reglamento 5, refiriéndose a que el presente caso “constituirá la primera oportunidad
para que la […] Corte se pronuncie sobre si las garantías reforzadas del debido proceso
y legalidad que deben asegurarse en los procesos de separación del cargo de jueces y
juezas resultan aplicables a fiscales, tomando en que cuenta por la naturaleza de la
labor que desempeñan, la ausencia de garantías suficientes puede favorecer presiones
externas que afecten la independencia de su labor”.
15.
El Estado señaló que el ofrecimiento de prueba pericial por parte de la Comisión
tiene carácter excepcional, sujeto a que se considere afectado de manera relevante el
orden público interamericano, lo que a su criterio no fue suficientemente justificado en
el caso de marras. De esta forma, solicitó que se rechace el peritaje. Asimismo, de
manera subsidiaria, de considerarse procedente esta declaración, solicitó que su objeto
sea reformulado y delimitado. En efecto, el Estado consideró que el peritaje “prejuzga
sobre algunos elementos de la responsabilidad internacional del Estado, en cuanto
presume que toda separación de un fiscal de sus funciones tiene una naturaleza
materialmente sancionatoria”. Asimismo, sostuvo que el perito no debería pronunciarse
sobre los hechos concretos del caso, ya que no se “explica la conexión y trascendencia
de los hechos concretos del caso de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia respecto
del orden público interamericano”.
16.
La Presidenta procederá a analizar la admisibilidad del peritaje con fundamento
en el artículo 35.1 f) del Reglamento, que supedita el eventual ofrecimiento de peritos
cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos
humanos, lo cual corresponde a la Comisión sustentar 6.
17.
La Presidenta considera que la Comisión sustentó de forma suficiente las razones
por las que, en el presente caso, se afecta de manera relevante el orden público
interamericano de los derechos humanos, para los efectos de proponer prueba pericial.
En efecto, el objeto del peritaje se refiere a la exigibilidad de las garantías del debido
proceso y aquellas derivadas del principio de legalidad en los procesos de separación
del cargo que conciernen a los fiscales. En este sentido, el objeto del peritaje trasciende
los intereses específicos de las partes en el proceso y puede, eventualmente, tener

4

La Comisión indicó que el perito declarará “sobre las garantías del debido proceso y las derivadas del
principio de legalidad, que son exigibles en proceso de separación de fiscales. La persona experta tomará en
cuenta la naturaleza materialmente sancionatoria de estos procesos, así como la labor que desempeñan los
fiscales y la necesidad de proteger su independencia y evitar presiones externas en su contra, en términos
asimilables a los de jueces y juezas. El perito podrá tomar en cuenta los hechos del caso”.
5
El artículo 35.1.f del Reglamento establece lo siguiente: “1. El caso será sometido a la Corte mediante
la presentación del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención, que contenga todos los hechos
supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas. Para que el caso pueda ser
examinado, la Corte deberá recibir la siguiente información: […] f. cuando se afecte de manera relevante el
orden público interamericano de los derechos humanos, la eventual designación de peritos, indicando el objeto
de sus declaraciones y acompañando su hoja de vida; […]”.

Cfr. Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros Vs. Ecuador. Convocatoria a audiencia. Resolución del
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, Considerando 9, y
Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela. Convocatoria a audiencia. Resolución de la Presidenta de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 21 de febrero de 2020, Considerando 14.
6

3

Select target paragraph3