32 custodiado ni vigilado”. Asimismo, expresó que posteriormente se realizó una toma de muestras de sangre entre los familiares de los presuntos desaparecidos con el objeto de hacer pruebas de ADN con los restos encontrados. Sin embargo, afirmó que para la toma de esas muestras no se contó con ayuda de la Fiscalía, ni para el traslado de los familiares a los lugares donde se realizarían las tomas de muestras. Declaró que tampoco se tomaron actas o registros de la recolección de muestras de sangre, y que la única colaboración que recibieron del Estado se dio a través del encargado de este procedimiento, quien “siempre tenía la dificultad de los recursos económicos para poderse movilizar”. El testigo explicó las diligencias realizadas para exhumar los restos de una fosa común en el cementerio de San Antonio de Montería realizadas en octubre de 2005. Al respecto, expresó que “había much[a] agua” y que las personas del gobierno que participaron “no tenían las herramientas para que el sitio no se inundara”. Por ese motivo no se pudo llevar a cabo la exhumación. El señor Álvarez expresó que no tiene conocimiento de que en todo el tiempo que ha transcurrido desde los hechos la Fiscalía haya llamado a declarar a familiares de las presuntas víctimas, sino hasta después de la exhumación llevada a cabo en 2004. El testigo manifestó que a raíz de las investigaciones que ha realizado para encontrar a las personas presuntamente desaparecidas “ha sufrido persecución” y ha recibido “amenazas personales por el trabajo que significaba buscar a [su] papá”. Además, “tuv[o] que desplazarse a Bogotá y siendo parte de la Junta de ASFADDES, una secretaria recibió una llamada en la que decían que lo “habían ubicado y que [lo] iban a matar” El señor Álvarez expresó que los hechos “han que cuando una exhumación inicia, cre[e] que presuntas víctimas, pero] cuando se termina y esperanzas de poder encontrar[los] y de saber devolver ”. impactado en su vida personal, [ya] se van a encontrar [los restos de las no hay resultados se desvanecen las que, al menos, esos restos los van a Finalmente, el testigo indicó que después de los hechos de 1990 “ni él ni sus seis hermanos pudieron volver a estudiar, [pues] ya no había quien llevara a la casa la comida que necesitab[an, por lo que] cada quien tuvo que mirar cómo sobrevivía”. Su “hermano, a edad de 12 años, se emborrachaba.” Todos los hermanos se fueron a vivir a sitios diferentes y “nunca más [han] podido estar juntos”. Testigo propuesta por el Estado g) Elba Beatriz Silva Vargas, fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Colombia La testigo declaró que, por los hechos ocurridos en Pueblo Bello han sido condenadas 10 personas, destacando la condena de Fidel Castaño Gil, uno de los jefes promotores, organizadores y financieros paramilitares. Asimismo, manifestó que las declaraciones de los familiares han sido agregadas al proceso y que se han vinculado cerca de 23 personas, de las cuales habrían sido acusadas cerca de 20 y condenadas 10, de las cuales dos están efectivamente cumpliendo su pena. A este respecto, la testigo manifestó que “no ha habido resultados positivos que se aproximen a la captura de dichos individuos”.