33 Respecto de la participación del personal militar en los hechos, la Vargas expresó que “la Procuraduría General de la Nación [inició] una de carácter disciplinario, una serie de diligencias, de pruebas […] para posible responsabilidad de los militares y que dos personas han sido [dich]a investigación”. señora Silva investigación establecer la vinculadas a La testigo se refirió a las exhumaciones realizadas en el cementerio de San Antonio de Montería y a la recolección de evidencias de los cuerpos, las cuales han “resulta[do] negativas”. Además, manifestó que para realizar dichas exhumaciones se tomaron en cuenta las condiciones de tiempo y clima, pero que éstas se suspendieron “porque había un cambio climático en el país que se presentó en ese momento”. Asimismo, manifestó que hubo un período en el que la Fiscalía General tuvo que interrumpir su labor debido a “la situación de orden público conocida, [es decir, la] presencia permanente de grupos al margen de la ley, tanto insurgencia como paramilitarismo, apoyados también por delincuencia organizada, narcotráfico”. Sin embargo, expresó que se han realizado “diferentes actividades, entrevistado personas, se ha buscado [a los] desaparecidos en todo el país[, …] ha habido contacto con los representantes de las víctimas[, a quienes] se les ha avisado la búsqueda que se hace [y] se les ha invitado a participar en las diligencias”. Por otro lado, la señora Silva Vargas manifestó que conoce la capacitación técnica de las personas encargadas de buscar a las personas desaparecidas y de la exhumación de los cadáveres, quienes forman “parte del equipo forense de la Fiscalía General de la Nación, conformado por médicos, antropólogos, técnicos criminalísticos, [quienes] utilizan[…] todos los medios científicos que […] tienen a la mano”. La testigo indicó que para este caso “se han designado fiscales especializados con toda la capacitación en el manejo en los sistemas interamericanos y […] de la técnica de investigación”. Manifestó que dichos fiscales “est[án] respaldados económicamente […] por un programa que tiene el Estado […], auspiciado […] por la oficina de Naciones Unidas para el manejo de este tipo de casos […] y t[ienen] un grupo especial de investigadores asignados para el caso, un grupo especial de miembros de criminalística, de peritos expertos en el área técnico-científica como médicos, odontólogos, antropólogos y personas que han tenido experiencia en estos temas tan delicados”. Finalmente, la testigo indicó que existe “un comité de impulso en la investigación del presente caso, que está integrado por la judicatura: jueces de la República, la Procuraduría, [la] Defensoría y la Fiscalía, asistida por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas”. Manifestó que actualmente la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA 67. En este apartado la Corte se pronunciará sobre la valoración de los elementos probatorios aportados al Tribunal, tanto respecto de los criterios de admisibilidad formal de los mismos como en cuanto a su valor material respecto de los hechos del presente caso.