últimos meses evidenciada por las supuestas ejecuciones y enfrentamientos de público conocimiento. A
raíz de este contexto y de la proximidad de la cosecha de la amapola durante los meses de abril y mayo
que trae como resultado el incremento de la violencia en la región, los solicitantes requieren ampliar la
solicitud de medidas cautelares para incorporar a todos los miembros de la comunidad indígena de
Choréachi. Respecto a presuntos nuevos hechos de violencia, hostigamientos y/o amenazas que darían
lugar a la solicitud de ampliación de la medida cautelar, los solicitantes detallan los siguientes supuestos
hechos:
i) El 10 de octubre de 2015, la beneficiaria Ángela Ayala Ramos, quien se encuentra presuntamente
desplazada de Choréachi debido a la falta de medidas de seguridad en la zona, supuestamente recibió
una llamada de su hermana que vive en Choréachi en la casa que ella dejó y le habría mencionado
que a media noche habrían llegado a tocar la puerta de su ex residencia personas que formarían
parte de un grupo criminal de la región. Al no poder entrar, los sujetos supuestamente comenzaron a
disparar contra la casa. Ese mismo día, los sujetos presuntamente dispararon contra la escuela de
Choréachi lo que obligó a los maestros a suspender las clases temporalmente y buscar refugio en
viviendas lejos de la escuela.
ii) El 13 de octubre de 2015, Prudencio Ayala y Juan Ontiveros, representante del gobernador
indígena y comisario de la policía de la comunidad respectivamente, habrían tomado el autobús hasta
la ciudad de Chihuahua para informarle a los representantes que desde los primeros días de octubre
los agresores han estado rondado el rancho “Los Alisos” y supuestamente han disparado cerca de las
casas donde se encontrarían los rarámuri. El señor Prudencio Ayala manifestó que llegaron a su casa y
mataron a los burros, becerros y vacas que tenía. Algunas personas que residen en la zona habrían
afirmado que “todo eso lo hacen porque no les hemos dejado las tierras para que ellos siembren la
amapola en nuestras tierras”. Asimismo, Prudencio manifestó que un indígena rarámuri que viviría
en Palmilla presuntamente escucho decir que si Prudencio no les dejaba el rancho lo iban a sacar con
toda su familia y que empezarían con las mujeres y los niños.
iii) El 9 de noviembre de 2015, la beneficiaria Ángela Ayala Ramos se habría comunicado por
teléfono con Isela González, directora de ASMAC y le habría informado que personas que pertenecen
a un grupo criminal de la región la seguían buscando en su tienda en el rancho “Los Flacos” y que
habrían dejado dicho que la esperarían para cuando regrese a su casa y que saben que está “bajo las
faldas de Isela González en Chihuahua”. Asimismo, la beneficiaria señaló que su hermana le ha
comentado que personas armadas de un grupo ilegal de la zona con frecuencia aparecerían y
preguntarían dónde y cuándo regresará ella. Por otro lado, su hermana le habría comentado que
resultaría difícil hacer llamadas por el celular porque estos sujetos estarían permanentemente
acampando en el cerro desde donde es posible tomar la señal del celular. Asimismo, le habría dicho
que los agresores estarían entrando a las casas de los indígenas en los ranchos, robándoles dinero.
iv) El 16 de noviembre de 2015, Isela González se habría reunido con Ángela Ayala Ramos,
beneficiaria de las medidas cautelares, quien le afirmó que su hermano se habría ido de su casa
porque habría sido advertido que querían matar a sus hijos y que luego lo matarían a él. Asimismo,
que lo mismo harían con Sandoval Ayala Ramos, hijo mayor de la beneficiaria. Asimismo, este
informante habría dicho que el grupo ilegal quería matar a la beneficiaria “en cualquier camioneta
que se atreviera a llegar” y que la intención era “acabarlos a todos”. Asimismo, relatan que una
familia de la zona habría sido amenazada, de manera constante, para que prestara sus tierras a un