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las necesidades inmediatas. Asimismo, se buscó establecer la forma de
ubicar dicha ayuda en el lugar de origen de los damnificados, para que no
fuese necesario que se trasladaran de Villavicencio a Bogotá. La Personería
Municipal tramitó ante una entidad financiera la apertura de cuentas
individuales por familia sin ningún costo para que les fuese consignada la
ayuda económica;
i)
la Red de Solidaridad Social otorga una asistencia humanitaria a las
víctimas contempladas en el artículo 15 de la ley 418 de 1997, prorrogada por
las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. Aparecen tres solicitudes de ayuda
humanitaria por muertes en la masacre perpetrada en el municipio de
Mapiripan, dos de las cuales fueron pagadas y otra se encuentra pendiente de
pago;
j)
a través del componente social del Plan Colombia se adelantan obras
para la cabecera municipal que comprenden un parque modular, una caseta
comunal, dos baterías sanitarias y módulo educativo; asimismo, para la
inspección de la Cooperativa se aprobó la construcción del acueducto;
k)
no es cierto que Mapiripán se haya convertido en un pueblo fantasma,
sino que tiene una vida normal y próspera, dentro de las circunstancias de
violencia generalizada y crisis económica del país. En cuanto a los programas
de Atención a la Población del municipio de Mapiripán, aparecen dos
asignaciones, ambas del año 1998;
l)
el Estado continúa atendiendo las necesidades del Municipio de
Mapiripán, especialmente por tratarse de una zona vulnerable dada la
presencia de grupos armados ilegales. Con la presencia de la fuerza pública
en la zona y las acciones operativas desarrolladas, las condiciones de
seguridad han mejorado durante el 2005;
m)
mediante el Decreto 2429 de 1998, el gobierno nacional creó el Comité
Especial de Impulso a las investigaciones por violaciones a los derechos
humanos y Derecho Internacional Humanitario, para que casos como éste
sean esclarecidos con la celeridad debida y sancionados sus responsables. El
presente caso es uno de los seleccionados;
n)
actualmente se discute un proyecto de política pública de lucha contra
la impunidad por violaciones de los derechos humanos y Derecho
Internacional Humanitario;
o)
el Estado contempla la creación de un alto comisionado para víctimas
que coordine y ejecute una política integral de reparación. Asimismo, se
contempla un plan que garantice la representación de las víctimas en los
procesos penales y contencioso-administrativos; identifique y remueva los
obstáculos que hasta ahora han dificultado esa representación; adelante un
plan de búsqueda de soluciones amistosas; cree un fondo fiduciario para
reparación de las víctimas en términos de suficiencia, efectividad, rapidez y
proporcionalidad con la gravedad de la violación y la entidad del daño sufrido;
p)
el Estado destaca las políticas de diálogo con los principales grupos al
margen de la ley, así como la permanente reducción en los índices de
violencia. La seguridad democrática no niega la posibilidad de diálogo con los
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