2 A título de Tribunal de conocimiento y sentencia, la Corte Interamericana tiene la facultad de aplicar el derecho a los hechos controvertidos, precisando sus consecuencias jurídicas en orden a la responsabilidad internacional del Estado. Para tal fin, la Corte escucha las alegaciones que se hagan ante ella, pero no está supeditada a las mismas. La Comisión puede y debe, en cumplimiento de un deber funcional, exponer su punto de vista sobre la caracterización jurídica de los hechos violatorios. Sin embargo, si no lo hace o éste no resulta persuasivo para la Corte, ésta podrá y deberá suplir aquél con su propio criterio. Por otra parte, nada impide que la presunta víctima o sus representantes llamen la atención del tribunal sobre la aplicación del derecho a los hechos controvertidos en el proceso, aun cuando el parecer que expresen en este caso difiera del sostenido por la Comisión Interamericana. No podrían, en cambio --como ya indiqué--, traer al proceso hechos diferentes de los contenidos en la demanda. Finalmente, será la Corte quien disponga lo pertinente, considerando la presentación de los hechos y los razonamientos jurídicos de la Comisión, planteados con la legitimación que la Convención reconoce al demandante, y tomando en cuenta, asimismo, los puntos de vista que sobre este último extremo puedan proporcionarle la presunta víctima o sus representantes en ejercicio de las facultades procesales que les corresponden. 2. Violación del derecho a la propiedad La Corte ha considerado, con el voto unánime de sus integrantes, que en este caso hubo violación al derecho de propiedad de los pensionistas. Sin embargo, es preciso observar que el derecho reclamado por los quejosos fue amparado por resoluciones del Poder Judicial del Perú, cumplidas con posterioridad a la presentación de la demanda, y por lo tanto, después de que se definió la materia del proceso que culminaría en la presente Sentencia de la Corte Interamericana. Esto explica que en el proceso se tomase en cuenta una violación que cesaría posteriormente. Al definir la existencia de una violación, es preciso considerar la conducta del Estado en su conjunto. Si un órgano de éste enfrenta y remedia adecuada y oportunamente la violación cometida por otro, no surgirá la responsabilidad internacional del Estado. Es por ello, precisamente, que el acceso al sistema interamericano se halla condicionado al previo agotamiento de los recursos del orden interno. Se espera que éstos resuelvan el litigio, remediando la violación cometida, de ser el caso. Sólo cuando esto no ocurra, quedará franca la opción por la vía internacional. De ahí la importancia de la jurisdicción interna, que tiene carácter prioritario con respecto a la internacional. Esta sólo actúa de manera subsidiaria. En el caso al que se refiere esta sentencia, los tribunales peruanos emitieron las pertinentes resoluciones de garantía para asegurar los derechos de los quejosos hasta que hubiese pronunciamiento de fondo sobre aquellos. Empero, la administración se abstuvo de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. Esta situación de incumplimiento se prolongó durante un tiempo a todas luces excesivo. En mi concepto, la violación al artículo 21 de la Convención se encuentra estrechamente asociada, en el presente caso, con la violación al artículo 25 de dicho tratado. De la prolongada e injustificada inobservancia de las resoluciones jurisdiccionales internas deriva, pues, el quebranto al derecho de propiedad, que no