25 del Perú, que establece que nadie puede abocarse a una causa que se encuentra pendiente ante el órgano jurisdiccional, ni interferir resoluciones que tienen autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, tiene conocimiento de que en la junta de accionistas de noviembre o diciembre de 1999, que no fue convocada públicamente ni comprendió al señor Ivcher, los accionistas minoritarios, rompiendo el quórum establecido para la instalación y votación en la Ley General de Sociedades del Perú, ampliaron el capital social, lo que hizo que la parte del capital accionario que tenía la sociedad conyugal se redujera de aproximadamente 53% a 38%. Con ello, el señor Ivcher Bronstein quedó con minoría de acciones. A su criterio, este acuerdo es nulo y contrario a la Ley. En su contra hay dos acusaciones penales, como consecuencia de haber sido Director de la Compañía. Por ello durante un año se le impidió salir del país, sus bienes podrían estar sujetos a “eventuales” embargos y la acusación fiscal solicitó cinco años de prisión efectiva. Existe la posibilidad de que sufra una condena indebida, tal como sucediera a la señora Rosario Lam y al señor Julio Sotelo. Nunca antes había estado sujeto a procesos penales. Todos los procesos penales mencionados anteriormente fueron iniciados mediante acusaciones presentadas por los hermanos Winter y el señor Remigio Morales Bermúdez, accionistas minoritarios de la Compañía también. h. Testimonio de Fernando Rospigliosi Capurro, sociólogo y periodista Publicó un libro llamado “El Arte del Engaño: Las Relaciones entre los Militares y la Prensa”, referente a la situación que ha vivido el Perú en los últimos años. Después del golpe de 1992, recibió llamadas telefónicas amenazándolo de muerte, faxes donde figura en listas de personas que, supuestamente, iban a ser asesinadas y, últimamente, amenazas por correo electrónico. También ha habido campañas de difamación, injurias y amenazas en pasquines, en prensa amarillista, manipuladas por los Servicios de Inteligencia, donde se le acusaba de ser traidor a la patria, terrorista y criminal. Todo ello se vinculaba con sus publicaciones, que regularmente se referían a temas militares, servicios de inteligencia, casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el mismo día que publicaba artículos sobre el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte, lo llamaban y amenazaban de muerte. Las amenazas provenían de los Servicios de Inteligencia o las Fuerzas Armadas en general. Hubo una época en que enviaron faxes a varios periodistas y programas de televisión que, por lo general, investigaban temas militares. En uno de ellos quedó marcado el número desde el que fue remitido; tras una investigación periodística, se determinó que provenía de una empresa cuyo propietario era el Coronel Rubén Wong. Aun cuando existía esta evidencia, ni la Fiscalía ni algún otro órgano iniciaron el proceso judicial correspondiente. En todos los casos de amenazas o campañas de desprestigio, siempre existía el mismo patrón; era sistemático. Desde el 27 de marzo de 1998, y durante los siguientes ocho meses, los periodistas Angel Páez, jefe de la unidad de investigación del diario La República, José Arrieta, que fuera jefe de la unidad de investigación de Frecuencia Latina, y él, que había sido editor de seguridad del Semanario Caretas y columnista de La República, fueron acusados de ser traidores a la patria y terroristas, por haber atacado, supuestamente, a las