32 motivaciones e incluso actores involucrados en el atentado. Así, existen indicios que podrían relacionar lo sucedido con la labor de Joe Luis Castillo González como defensor de derechos humanos, tanto en procesos de reivindicación de tierras como de asistencia a refugiados. Por otra parte, el Estado ha reconocido un contexto de violencia y riesgo en la zona derivado de su cercanía con la frontera colombiana y el actuar de grupos paramilitares. En relación con este punto, en el proceso interno se hizo referencia a la existencia de una lista de objetivos de grupos paramilitares en donde aparecería Joe Luis Castillo González debido a la percepción de que apoyaba a miembros de la guerrilla a obtener refugio. También se ha mencionado que grupos paramilitares tienen ciertos vínculos con terratenientes en la zona y con autoridades estatales que tienen conocimiento de su actuar delictivo e incluso colaboran con ellos. 93. La Comisión considera que la vinculación de algunos de estos elementos con los hechos del presente caso, podría conducir a diferentes hipótesis sobre la responsabilidad del Estado por la muerte de Joe Luis Castillo González y las heridas causadas a su esposa y su hijo. En ese sentido, con base en la prueba obrante en el expediente, en la información de contexto disponible así como en las investigaciones desplegadas internamente, la Comisión analizará los hechos a la luz de: i) el deber de prevenir; ii) los indicios de vínculos directos o indirectos de agentes estatales; y iii) las investigaciones internas. 1.1 El deber de prevenir 94. En cuanto al derecho consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, la Corte Interamericana ha establecido que […] el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos112. Al no ser respetado el derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él113. El cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción114. 112 Corte I.D.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 237; Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 120; Corte I.D.H., Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 65. 113 Corte I.D.H., Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 79; Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 64; Corte I.D.H., Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 125; Corte I.D.H., Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 83; Véase también, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 en Compilation of General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev 1 en 6 (1994); Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 14/1984, párr. 1 en Compilation of General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev 1 en 18 (1994). 114 Corte I.D.H., Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 75; Corte I.D.H., Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie