-40Trabajó en la Empresa de Servicios Municipales de Limpieza de Lima desde 1980 hasta 1996. En 1996 un día fue a trabajar y la empresa estaba cerrada. Les impidieron el ingreso a la empresa a ella y a sus compañeros de trabajo. No recibió ningún documento cuando la despidieron. No fue informada de que se hubiera iniciado ningún proceso de liquidación de la empresa. Los representantes de la ESMLL les manifestaron que “no ha[bía] trabajo para [ellos]”. Ella “era el sostén de [su] hogar” y tenía cinco hijos. Interpusieron una acción de amparo y el Tribunal Constitucional del Perú les dio la razón y ordenó la reposición laboral. No se ha hecho efectiva dicha reposición y tampoco ha recibido ningún tipo de beneficio luego de ser despedida de la ESMLL. Trabaja lavando ropa porque no consiguió ningún trabajo en el sector formal. b) Propuestos por el Estado 2. César Lino Anticorrupción Azabache Caracciolo, ex integrante de la Procuraduría Trabajó en la Procuraduría Anticorrupción desde noviembre de 2000, cuando fue creada, hasta febrero de 2002. Tuvo a su cargo los casos vinculados a narcotráfico y a violaciones de derechos humanos, así como los relacionados con compras de equipos militares y la preparación de los casos de corrupción vinculados a la “red de Montesinos” con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Se refirió a la creación de la Procuraduría Anticorrupción, debido a la crisis política que se dio en noviembre de 2000 en el Perú, provocada por el hallazgo de videos que ponían en evidencia las relaciones de corrupción que el señor Montesinos Torres, en ese entonces funcionario y asesor más importante del Presidente Fujimori, mantenía con determinadas personas de la comunidad política, así como porque se encontraron cuentas clandestinas del señor Montesinos Torres. El entonces Ministro de Justicia promovió la formación de un equipo de abogados que se hiciera cargo de los casos que había que promover contra el señor Montesinos Torres, ya que era de conocimiento público que éste ejercía formalmente control sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Dado que las fiscalías estaban bajo dicho control se consideró necesario crear una procuraduría especial. Indicó que el señor Montesinos Torres tenía influencia en el Poder Judicial. A partir de 1995 se realizó una “reforma judicial”, que permitió la creación de órganos de gobierno distintos a los que establecían las leyes orgánicas. Se dio el nombramiento de jueces provisionales por algunos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, “como indicios de una red tejida alrededor de Montesinos Torres”. En 1997 el señor Montesinos Torres “digitó una re-configuración” de las Salas de Derecho Público, encargadas de resolver los recursos de hábeas corpus y amparo, e “impuso a una serie de personas que luego fueron encontradas en evidencia de recibir pagos ilegales permanentes de Montesinos Torres”. Se crearon dos juzgados y una sala de derecho público. Una de las primeras evidencias sobre las relaciones entre el señor Montesinos y miembros del Poder Judicial fue un fax remitido a dicho señor desde la fiscalía antidrogas, en el cual se le solicitaba que cumpliera con pagar las remesas mensuales. Asimismo hay una serie de declaraciones rendidas por miembros de “la organización” que se acogieron a las reglas de colaboración eficaz y por funcionarios de menor categoría sin capacidad real de aporte delictivo. Hay aproximadamente 39 ex magistrados procesados y tres procesos judiciales principales. Se ha condenado a un ex miembro del Tribunal Constitucional, a un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y a la ex Fiscal de la Nación. Todos los magistrados que resolvieron acciones de garantía constitucional después de marzo de 1997 se encuentran actualmente procesados.