las familias, las organizaciones de base, los cuerpos intermedios, las iglesias y otras organizaciones de sociedad civil. Ellas también tienen una tremenda responsabilidad para con el bienestar de nuestras sociedades. El Estado jamás podrá reemplazar la acción de estas organizaciones. Debe apoyarlas en su lucha, pero no reemplazarlas. Ahora bien, la lucha contra la violencia y la discriminación en contra de la mujer en la región no significa —ni puede significar—, violentar y discriminar a otras personas en razón de su condición de no nacidos. En efecto, como miembro de esta Comisión, me resulta difícil comprender por qué haber permitido la muerte de la hija de Beatriz, a través de un aborto, habría significado avanzar en la lucha contra la discriminación y la violencia en contra de la mujer en el continente. La discriminación y la violencia en contra de la mujer no se resuelven generando más discriminación y más violencia al interior de las sociedades. El aborto es una forma de violencia no sólo contra el no nacido, que pierde su vida con él, sino también contra la propia mujer. La situación que experimentó Beatriz fue crítica. No es posible cerrar los ojos a ello. Su embarazo de riesgo, sumado al lupus que sufría y a su situación de pobreza, creaban un contexto caracterizado por altos grados de incerteza y angustia. De los antecedentes del caso es claro que Beatriz era una mujer que amaba la vida. Pese a experimentar un primer embarazo de alto riesgo en 2011, ella se negó a ser esterilizada tras el nacimiento de su hijo, aun cuando los médicos le señalaron que ello podría significar problemas futuros de salud. Beatriz tenía la esperanza de tener más hijos y hacer crecer su familia. Sin embargo, no es necesario ser un experto en psicología para comprender que la noticia en torno a la anencefalia de su hija fue un duro golpe emocional para ella. Es claro que, bajo ese impacto emocional, ella adoptó la decisión de solicitar un aborto. Beatriz, a partir de los antecedentes de este caso, estaba sola y sus apoyos familiares y sociales eran limitadísimos. De hecho, una de sus máximas preocupaciones era que su hospitalización le impediría cuidar a su otro hijo. Fue en este contexto humano de angustia, sufrimiento, e incluso soledad, que Beatriz solicitó un aborto. La gran pregunta de este caso, que quedará sin respuesta, es la siguiente: ¿Habría Beatriz solicitado un aborto si ella hubiese tenido las condiciones económicas, sociales y familiares mínimas de apoyo durante su embarazo? Si ella hubiese contado con apoyo material, humano y familiar ¿Habría preferido continuar con su embarazo disponiendo de la adecuada contención emocional? Estas preguntas nunca podremos responderlas de forma cierta. Pero lo que sí sabemos es que, frente a otro embarazo de riesgo vivido en 2011, Beatriz respondió que sí a la vida. El caso objeto de este voto permite a este Comisionado realizar una reflexión adicional. Muchas mujeres en situación de vulnerabilidad social en nuestra región enfrentan diariamente situaciones de discriminación, violencia y machismo. Cuando ellas quedan embarazadas, esa violencia, muchas veces de origen machista, se recrudece. En este escenario, el aborto no es la solución para esas mujeres. En efecto, practicado el aborto, esas actitudes de violencia, machismo y discriminación seguramente continuarán en su entorno. Erradicar la violencia contra mujeres en situación de vulnerabilidad, que viven embarazos con o sin altos niveles de riesgo, exige adoptar otro tipo de medidas. Básicamente, exige que tanto el Estado como la sociedad civil adopten las acciones necesarias para generar condiciones que permitan a estas mujeres gozar de ambientes humanos, dignos, sanos y adecuados. Esa, estimo, es la solución más humana al problema en cuestión. En este trabajo, Estado, sociedad civil y organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión, deben actuar de forma conjunta, sostenida y creativa. Quizá si Beatriz hubiese dispuesto de este tipo de ambientes, su decisión, en relación con su hija, habría sido distinta. Quizá si ella hubiese tenido la posibilidad de cuidar a su hijo durante el embarazo, su decisión habría sido diferente. En conclusión, creo que la lucha contra la discriminación sexual y la violencia machista en nuestra región no pasa por obligar a los Estados del continente a proveer mecanismos para que mujeres en situación 68