11 particulares, funcionarios o autoridades estatales, e imponerles las sanciones legales que correspondan; y f) el 28 de junio de 2004 por la mañana la Comisión Interamericana, los peticionarios y el Estado se reunieron y llegaron a “unos acuerdos preliminares no formalizados”, principalmente respecto del mecanismo de coordinación y supervisión de las medidas, en particular sobre la composición, competencia y atribuciones de la Comisión de coordinación y de supervisión del cumplimiento de las medidas. En esta reunión el Estado mostró algunos documentos “que denotan el avance” en materia de investigación y sanción. El 14 de julio de 2004 se celebrará una segunda reunión en Brasilia y luego se realizará otra en el Estado de Rondônia en relación con la implementación de estas medidas. 24. Los alegatos expuestos por los peticionarios en la referida audiencia pública, los cuales se sintetizan a continuación: a) el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los internos, lo cual ha provocado la muerte de más de veinte reclusos. La cantidad de agentes penitenciarios y de policías a cargo de los reclusos era insuficiente al momento de la rebelión de abril de 2004 y lo continúa siendo. Después de las 18:00 horas ninguno de ellos entra a los pabellones donde están los reclusos. Los reclusos de alta peligrosidad continúan recluidos en el mismo sector que los de baja peligrosidad. Actualmente, 240 reclusos se encuentran ubicados, sin la debida seguridad, en la “iglesia”, a la cual los agentes tienen dificultad para ingresar. Los reclusos de “seguro”, que ascienden a 180, están ubicados en 4 celdas, las cuales tienen capacidad para 10 personas cada una. A fin de garantizar la seguridad y la vida de los reclusos, es importante el decomiso de armas que portan los mismos, lo cual es muy difícil de realizar debido a la sobrepoblación carcelaria y al número insuficiente de agentes y policías. Al interior de la cárcel existen conflictos entre diferentes grupos de reclusos, agentes penitenciarios y policías. En diversas oportunidades se han firmado acuerdos con reivindicaciones por parte de los reclusos, las cuales no fueron cumplidas, lo que ha provocado que los mismos peticionarios se encuentren desacreditados ante los reclusos. En la cárcel se vive en un “estado de guerra” y los peticionarios reciben muchas llamadas por parte de los familiares de los reclusos, quienes se encuentran preocupados por la seguridad de los mismos ya que no pueden visitarlos; b) como consecuencia de la última rebelión de abril de 2004, el 40% de las instalaciones de la cárcel fueron destruidas, por lo que las condiciones en la misma se han tornado más degradantes, inhumanas e indignas. Los peticionarios consideran que se deben tomar ciertas medidas de forma inmediata, entre ellas: la separación de los reclusos provisionales de los reclusos con condena; la disminución inmediata del número de reclusos; y el aumento del número de agentes penitenciarios a un mínimo de 15 por turno. En cuanto a la aplicación de disciplina y sanciones, se ha podido constatar por una serie de relatos, que se continúan produciendo agresiones, torturas, sesiones de choques eléctricos y represalias después de la visitas de las entidades e, inclusive, hasta antes de la rebelión, se utilizó la celda de “tampão”; c) temen que se realice un nuevo amotinamiento, en el cual, según se les ha comunicado de manera informal, se tomaría como rehén a un agente, un