a ello, interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual lo declaró admisible y ordenó subsanar la acusación. 7. Raúl Cubas Lisandro, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) En 1999 era Coordinador General de PROVEA. En este cargo, tenía como función el cabildeo y monitoreo ante la Asamblea Constituyente de las propuestas en materia de derechos humanos. Durante su participación en dicha organización conoció las denuncias e investigaciones de campo sobre las posibles violaciones a los derechos humanos acaecidas los días posteriores al deslave ocurrido en el Estado Vargas en diciembre de 1999. PROVEA fue la organización que inicialmente acompañó a los familiares de Roberto Javier Paz y asistió el caso en las instancias internas. Debido a su contacto con víctimas y testigos, se enteró de las irregularidades en las que incurrieron el ejército y la DISIP: allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos, así como, en algunos casos, ejecuciones y desapariciones. a) Peritos propuestos representantes 1. por la Comisión Interamericana y los Magdalena López de Ibáñez, psicóloga En los casos de desaparición forzada los familiares, quienes también deberían ser considerados víctimas, han sido despojados de la seguridad física y psicológica de su identidad como sujetos de derecho y de su proyecto de vida. Es común observar un profundo dolor, impotencia, ira, así como miedo y desconfianza. Esta clase de efectos constituyen un conjunto de "síntomas incapacitantes" que afectan la vida laboral, emocional y social en general. En casos en los cuales los familiares de las víctimas tienen la esperanza de que su familiar conserve aún la vida, sufren de vivencias psicológicas más complejas, pues considerar muerto a un ser querido sin la certeza de su muerte, es simbólicamente matarlo, lo cual genera culpa y ambivalencia. Otra fuente recurrente de dolor y angustia es la imposibilidad de los ritos funerarios. Los familiares de las víctimas en este caso han tenido distintas manifestaciones de dolor y sufrimiento. Así, el niño Oscar José Blanco Iriarte, hijo de Oscar José Blanco Romero, al ser atendido presentó "mutismo selectivo, alteraciones en el sueño y el apetito y dificultades en el rendimiento escolar, síntomas que se inician luego de presenciar la detención de su padre y actos de agresión física". Asimismo, niega y no acepta la posibilidad de la muerte del padre. En el caso de Alejandra Josefina Iriarte de Blanco, esposa de Oscar José Blanco Romero, aparecía profundamente deprimida, con insomnio, alteración en el apetito, aplanamiento afectivo, baja autoestima y sensación de no existencia del futuro. Durante los dos primeros años que siguieron a la desaparición de su esposo, persistió el estado depresivo, con temor de que le ocurriese algo a ella. Sigue 11