34 Pese a que las PAC fueron “derogadas en letra escrita” y aparentemente disueltas, en la práctica están presentes como “grupo paralelo de poder”. Actualmente hay dos juntas directivas unificadas de los ex patrulleros organizadas de una “forma peligrosa” para el Estado. “La manera de disolver[las es sólo] a través de la presión internacional [sobre] el ejército de Guatemala, que es quien tiene el control de esta situación”. Las PAC son un factor de riesgo para la democracia y la gobernabilidad. Actualmente son casi 970 mil las personas que, al parecer, formaron parte de las PAC y que constituyen una “fuerza electoral [de] peligrosa manipulación [y, además,] una fuerza que ha amenazado [con] violar el derecho a la libre circulación en Guatemala”. Estas personas mantienen una protección por parte del sector militar. Pocos días antes de la audiencia ante la Corte Interamericana, las PAC, aparentemente disueltas, amenazaron a toda la población y al Gobierno con paralizar el país si no se les cancelaba determinada cantidad, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad determinó que dicho pago no es constitucional. El pago que solicitaban correspondía al trabajo que realizaron durante el conflicto armado interno. La reparación internacional debe hacerse en dos niveles. Por un lado, debe repararse a los familiares de las víctimas el aspecto económico y el moral. Por otro lado, el pueblo guatemalteco también es una víctima del caso. Por tanto, independientemente de las disculpas públicas a los familiares y al pueblo de Guatemala, se debe escribir una obra y hacer un video, los cuales deben ser publicada y difundido, respectivamente, a “nivel continental”. Asimismo, se debe solicitar al Estado que investigue, junto con la OEA y con la ONU, los poderes paralelos militares que todavía existen en Guatemala. Debe haber una institución gubernamental que vigile el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los funcionarios estatales y que promueva la adaptación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos a la legislación interna. En estos momentos, el Procurador de los Derechos Humanos es una figura que está generando cada vez más credibilidad. El presupuesto nacional para el ejército de Guatemala es de 1000 millones; sin embargo, una “especie de transferencias dan el doble de esa cantidad”. Por su parte, el Organismo Judicial “ya no tiene dinero para continuar”. C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA Valoración de la Prueba Documental 70. En este caso, como en otros21, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal o como prueba para mejor resolver, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya 21 Cfr. Caso Tibi, supra nota 11, párr. 77; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 11, párr. 80; y Caso Ricardo Canese, supra nota 11, párr. 61.