realicen las investigaciones penales respectivas. El segundo elemento que ampara la impunidad es el manejo -si se quiere permisivo- de muchos de los medios de comunicación social de los estados afectados por este fenómeno, quienes presentan los hechos como una herramienta efectiva para combatir los altos índices de inseguridad. Por último, otro de los motivos que favorece la impunidad es el desconocimiento general por parte de la ciudadanía de sus derechos y 11 garantías, así como también de los medios para defenderlos . 52. Por su parte, el Fiscal General de la República, en la presentación de su informe anual de 2005 ante la Asamblea Nacional, indicó que entre los años 2000 y 2005, las víctimas de homicidios cometidos por agentes de seguridad del Estado eran 6377 personas, con un total de 6110 funcionarios policiales involucrados. De estos casos, 3346 fueron homicidios presuntamente cometidos por policías estaduales, 1198 por agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (en adelante “el CICPC”), 706 por policías municipales, 140 por miembros de la Guardia Nacional y 72 por 12 miembros de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención . b. Organizaciones no gubernamentales 53. Las organizaciones de la sociedad civil venezolanas también han denunciado la existencia de esta problemática desde hace más de una década. 54. Así por ejemplo, PROVEA, en su informe anual de 1996 indicó: “con respecto a los patrones de violación del derecho a la vida presentes en la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad, las ejecuciones volvieron a ser el patrón bajo el cual se registró el mayor número de víctimas con un total de 59 casos. (…) Se entiende por ejecuciones aquellas muertes en las que el funcionario en servicio dispara con el objetivo de causar la muerte inmediata de la víctima, lo que constituye una aplicación de facto de la pena de muerte. En estos casos es usual – como se señaló anteriormente – que las versiones oficiales hablen de enfrentamiento y de extenso prontuario policial de las víctimas. En la 13 gran mayoría de los casos los familiares niegan con posterioridad tales enfrentamientos” . 55. En sus informes más recientes, PROVEA indicó que las ejecuciones extrajudiciales concentran la mayor cantidad de violaciones al derecho a la vida en Venezuela. Así, en el Informe Anual 2007-2008 indicó que de las 247 víctimas de violación del derecho a la vida, 196 (84,85%) se debieron a 14 ejecuciones extrajudiciales . Asimismo, en el Informe Anual 2009 indicó que el patrón de “ejecuciones” concentra más de la mitad de los fallecimientos conocidos como violaciones del derecho a la vida (135 15 muertes de 205, 65.85% del total) . 56. En cuanto a la incidencia de este contexto en el Estado Aragua, PROVEA en su informe anual de 1997 indicó que dicho Estado ha sido señalado como el que reporta mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales, con más de 20 casos denunciados en ese año. 57. Adicionalmente, el Balance de la Situación de los Derechos Humanos en el Estado Aragua entre julio de 1996 y marzo de 2003, preparado por la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Paz del mismo Estado, indica que bajo el argumento de “inseguridad ciudadana”, se crearon planes preventivos orientados a la detección, detención y retención de ciudadanos de supuesto comportamiento 16 delictivo. Luego se acentuó la búsqueda para su asesinato y/o desaparición forzada . 11 Defensoría del Pueblo de Venezuela. Informe: Ajusticiamientos y Desapariciones Forzadas. Anuario 2001. Disponible en http://www.defensoria.gob.ve/lista.asp?sec=1404080002. 12 Discurso del Fiscal General de la República con motivo de la entrega del Informe Anual de Gestión del año 2005. 25 de abril de 2006. 13 PROVEA. Disponible en: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1996_97/derecho_vida.htm. 14 PROVEA. Disponible en: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/132-vida1.pdf 15 PROVEA. Disponible en: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/20-vida.pdf 16 Balance de la Situación de los Derechos Humanos en el Estado Aragua entre julio de 1996 y marzo de 2003, preparado por la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Paz del Estado Aragua.