3 al Tribunal, que carece de recursos económicos suficientes para solventar los costos del litigio ante la Corte Interamericana, y 3) indicar con precisión qué aspectos de su defensa en el proceso requieren el uso de recursos del Fondo de Asistencia de la Corte 7. 4. De conformidad con lo estipulado en el artículo 3 del Reglamento del Fondo de Asistencia de la Corte, ante una solicitud para utilizar sus recursos, la Secretaría de la Corte hará un examen preliminar y requerirá al solicitante la remisión de la información que sea necesaria para completar los antecedentes y someterlos a la consideración del Presidente junto con la solicitud. El Presidente de la Corte evaluará la petición y resolverá lo pertinente en un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de todos los antecedentes requeridos. 5. Los representantes presentaron la solicitud para cubrir algunos costos concretos relacionados con la producción de prueba durante el proceso, en particular en referencia a los testimonios y peritajes que decida admitir la Corte con base en el artículo 50 del Reglamento. Los representantes presentaron un estimado de los gastos que implicaría presentar la prueba en una eventual audiencia pública en la sede de la Corte. En este supuesto, estimaron por un número total de nueve declarantes, que incluyen cinco testigos y cuatro peritos, un total aproximado de US$ 15.660,00 (quince mil seiscientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América). Dicha cantidad incluye los gastos de transporte aéreo, hospedaje y per diem durante una estadía de cinco días en San José, Costa Rica. Además, aclararon que si la eventual audiencia pública tuviera lugar fuera de la sede de la Corte “los gastos podrían aumentar significativamente”. En un segundo supuesto, indicaron que la formalización de affidávits para notarizar los testimonios y peritajes en Perú “conlleva un costo adicional variable, que no ha sido incluido en el cálculo de gastos estimados”. Finalmente, solicitaron se requiera al Estado el reintegro de dichos gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, de acuerdo con el artículo 5 del Reglamento del Fondo de Asistencia. 6. Los representantes fundaron la solicitud en razón de que los familiares de las presuntas víctimas “no cuentan con los recursos económicos necesarios para solventar los costos del litigio ante la Corte”. Para sustentar dicha solicitud los representantes presentaron la “declaración jurada” de las siguientes personas: Edgar Odon Cruz Acuña, quien también adjuntó copia simple de sus dos últimas boletas de pago de su haber mensual; Florentino Peceros Farfán, quien adjuntó además copia simple de sus informes médicos y otros documentos referentes a su estado de salud; Nemecia Pedraza de Peceros y Herma Luz Cuevas Torres. En dichas declaraciones consta que ninguna de estas personas posee los recursos para asumir los costos del litigio del presente caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 7. Adicionalmente, los representantes manifestaron que hay una serie de gastos que están en posición de cubrir y que, por lo tanto, las presuntas víctimas no habían incluido en su solicitud de asistencia del Fondo, los cuales especificaron, “en el entendido de que los montos correspondientes […] serán reintegrados por el Estado en concepto de gastos y costas si la Corte así lo determina en su sentencia correspondiente en este caso”. 7 Cfr. Reglamento del Fondo de Asistencia, supra nota 6, artículo 2.