-50derecho a acceder a la información pública, ya que éstos dos derechos “confluyen,
legitiman y sustentan el derecho al control social”;
b)
“la negativa injustificada a entregar la información solicitada representa
una clara infracción al derecho de participación política, al inhibir la participación
de las presuntas víctimas en el debate público respecto de un aspecto relevante y
de interés para la ciudadanía de la inversión extranjera orientada a la explotación
de los recursos naturales del país, cual es el conocimiento de inversionista, su
idoneidad y seriedad”; y
c)
el Estado infringió las obligaciones generales establecidas en los artículos 1
y 2 de la Convención Americana al carecer de prácticas y medidas que promuevan
el ejercicio del derecho general a la participación ciudadana y al no disponer de
recursos legales expresos que permitan su protección.
106. El Estado no presentó alegatos sobre la supuesta violación del artículo 23 de la
Convención Americana.
Consideraciones de la Corte
107. Este Tribunal no examinará la alegada violación al artículo 23 de la Convención
porque ya ha tomado en cuenta los argumentos formulados por el representante al
respecto, al analizar la violación del artículo 13 de la Convención Americana.
IX
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 (GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL) DE
LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
108. La Comisión no alegó ninguna violación del artículo 8 de la Convención, pero en
cuanto al artículo 25, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado, indicó que:
a)
la falta de un recurso judicial efectivo para reparar violaciones de derechos
protegidos por la Convención constituye una violación de la misma. La efectividad
del recurso implica que el órgano judicial evalúe los méritos de la denuncia; y
b)
el Estado tiene la obligación de brindar un recurso judicial efectivo ante las
presuntas violaciones al derecho de acceso a la información. Chile no otorgó ese
recurso a las presuntas víctimas de este caso, toda vez que “la justicia chilena
nunca intentó siquiera superficialmente determinar los derechos de las víctimas”,
“ni ha asegurado un mecanismo o un procedimiento adecuado para que una
persona pueda acceder a una instancia judicial reguladora independiente y eficaz
para garantizar el derecho del acceso a la información de los requirentes”.
109. El representante de las presuntas víctimas presentó sus alegatos sobre las
presuntas violaciones a los artículos 8 y 25, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho
tratado, de forma conjunta, por lo que así se resumen a continuación:
a)
la Corte de Apelaciones de Santiago no conoció la petición de los
recurrentes, sino que la declaró inadmisible “sin desarrollar en forma alguna el
razonamiento para arribar a dicha conclusión”, y ese criterio fue ratificado por la