VOTO DISIDENTE DE LOS JUECES
ALIRIO ABREU BURELLI Y CECILIA MEDINA QUIROGA
1. Lamentamos disentir de la decisión de la Corte de aplicar el artículo 8.1 a la
decisión del Vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras de negar una
información a las víctimas de este caso (ver párrafos 115 a 123 de la sentencia).
El artículo 8.1 consagra el derecho a ser oído “con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente e
imparcial…para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter”. Esta disposición busca proteger el
derecho de los individuos a que se resuelvan con la máxima justicia posible, las
controversias que se susciten entre dos partes, sean ellas particulares u órganos
del Estado y se refieran ellas a materias que estén o no en el ámbito de los
derechos humanos. Esta disposición es, por excelencia, la garantía de todos los
derechos humanos y un requisito sine qua non para la existencia de un Estado de
derecho. Estimamos que su importancia no puede ser trivializada aplicándola a
situaciones que, en nuestra opinión, no pueden ser objeto de esta regulación.
2. Es presupuesto para la aplicación de este derecho que se haya producido un
desconocimiento por parte del Estado de algún derecho o que éste no haya
amparado el desconocimiento del mismo por un particular. Producida la negación
de un derecho la Convención crea a través del artículo 8 el derecho para las
personas de que un órgano con las características que dicha disposición señala
resuelva la controversia, es decir, el derecho a que se inicie un proceso, donde
las partes que discrepan puedan, inter alia, argumentar en su favor, presentar
pruebas, objetar al contrario.
3. Es claro que el caso que se examina en esta sentencia no constituye un proceso.
Una petición de acceso a información y la negativa a otorgarlo no son un
fenómeno jurídico en que un órgano del Estado, habilitado para ello, determina la
aplicación del derecho en una situación concreta en la cual la norma que consagra
el derecho ha sido controvertida o violada. Por el contrario, el acto de denegar el
acceso a la información, crea la controversia y de allí emerge el derecho para los
afectados de poder recurrir a un órgano que la decida, que resuelva el conflicto en
razón de su jurisdicción y competencia. Este órgano en el ordenamiento jurídico
del Estado es la Corte de Apelaciones respectiva a través del proceso que se inicia
con la interposición de un recurso de protección. Transformar la secuencia
“petición-negativa” en un proceso, exigiendo la aplicación del artículo 8 para
tramitar la petición, implicaría sostener que esta petición debe ser recibida y
decidida por un órgano independiente e imparcial y con todas las garantías que
esta disposición establece (inter alia, el respeto a los principios de igualdad y de
contradicción), puesto que el artículo 8.1 debe aplicarse en su integridad y
cualquier elemento que se infrinja de él constituirá una violación del mismo. Esto
traería consecuencias que no son quizás las más favorables