38 o acto adoptado en virtud de cualquier ley vigente en el Estado antes de 1976, año en que entró en vigor la mencionada Constitución 96. g) Las 32 personas a las que se refiere este caso, acudieron a los procedimientos internos respectivos para la revisión de sus condenas (supra párr. 60). h) De acuerdo con la Constitución de la República de Trinidad y Tobago el Presidente de la República dispone de la facultad discrecional de indultar a los condenados a muerte 97. i) La mencionada Constitución establece un Comité Asesor sobre la Facultad del Indulto que formula recomendaciones al Ministro del área correspondiente acerca de si las personas sentenciadas a muerte deben o no beneficiarse del indulto 98. j) En los casos de algunas de las presuntas víctimas (infra párr. 152.a y 152.b) no se respetaron las garantías del debido proceso en la fase previa al juicio, durante el desarrollo de éste y en la etapa de apelación, en virtud de diversos factores como la demora injustificada en los procesos y la falta de disponibilidad de asistencia letrada y de otros tipos de asistencia especializada. k) La Constitución de la República de Trinidad y Tobago no consagra el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable entre las garantías del debido proceso 99. l) En los casos de treinta de las presuntas víctimas 100 los plazos que mediaron entre el arresto y la respectiva decisión judicial final, presentan 96 Las Secciones 4 y 5 de la Constitución de Trinidad y Tobago se refieren a derechos y libertades individuales de los individuos en el Estado. Cfr. Constitución de la República de Trinidad Trinidad y Tobago, en “Haniff Hilaire (11.816) v. Trinidad and Tobago, Exhibits to the Application of the InterAmerican Commission”, anexo 10, Tomo II, págs. 770-816; “George Constantine et al. v. Trinidad and Tobago, Exhibits to the Application of the Inter-American Commission”, anexo 25, Tomo VII, págs. 37973843 y “Peter Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, Exhibits to the Application of the Inter-American Commission”, anexo 9, Tomo IV, págs. 1258-1304. 97 Cfr. Constitución de la República de Trinidad y Tobago, Sección 87, supra nota 96. 98 Ibid., Sección 88, supra nota 96. 99 Ibid., Sección 4, supra nota 96 y peritaje de Desmond Allum, supra párr. 77.a. Ver también análisis de la sentencia de Thomas and Hilaire v. Baptiste et al., Apelación ante el Privy Council No. 60 de 1998, en “Haniff Hilaire (11.816) v. Trinidad and Tobago, Exhibits to the Application of the Inter-American Commission”, anexo 8, Tomo II, págs. 726-765; “George Constantine et al. v. Trinidad and Tobago, Exhibits to the Application of the Inter-American Commission”, anexo 30, Tomo VII, págs. 3892-3925 y “Peter Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago, Exhibits to the Application of the Inter-American Commission”, anexo 14, Tomo IV, págs. 1357-1391. 100 Las treinta supuestas víctimas de que se trata son: Haniff Hilaire (Caso No. 11.816), George Constantine (Caso No. 11.787), Wenceslaus James (Caso No. 11.814), Denny Baptiste (Caso No. 11.840), Clarence Charles (Caso No. 11.851), Keiron Thomas (Caso No. 11.853), Wilson Prince (Caso No. 12.005), Darrin Roger Thomas (Caso No. 12.021), Mervyn Edmund (Caso No. 12.042), Martin Reid (Caso No. 12.052), Rodney Davis (Caso No. 12.072), Gangadeen Tahaloo (Caso No. 12.073), Noel Seepersad (Caso No. 12.075), Wayne Matthews (Caso No. 12.076), Alfred Frederick (Caso No. 12.082), Natasha De Leon (Caso No. 12.093), Vijay Mungroo (Caso No. 12.111), Phillip Chotalal (Caso No. 12.112), Naresh Boodram (Caso No. 12.129), Joey Ramiah (Caso No. 12.129), Nigel Mark (Caso No. 12.137), Wilberforce Bernard