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i. “[s]e me seguía constantemente por otros coches, lo que me
obligó a seguir estrategias de nunca tomar el mismo camino a
casa y de estar en constante tensión al respecto”;
ii. “[s]e me tomaban fotos fuera del periódico por agentes que
reconocía de la procuraduría”;
iii. “[s]e me enviaban correos electrónicos en los que se me decía
que sabían todo de mi, que tenían fotos mías. Que ellos eran
los asesinos de las mujeres y que sabían donde estaba yo”; y
iv. “[r]ealizaban llamadas a mi madre, preguntando información
personal sobre mí, aduciendo ser revistas u otras empresas que
en realidad no existían”.
Que en su momento “report[ó] dichas amenazas e intimidaciones a
[sus] superiores en el periódico”, sin embargo “[sus] superiores no
realizaron ninguna acción para [su] protección” alegando que “lo único
que se podía hacer era denunciar ante las autoridades, pero ellos
sabían que eran las propias autoridades quienes realizaban esas
amenazas e intimidaciones”, lo cual “provocó una situación de gran
soledad y desprotección en [ella] y hacia [su] trabajo”;
Que las autoridades “comenzaron a difundir falsedades sobre [su]
persona con compañeros que estaban como fuente con dichas
autoridades, se comenzó a decir que la información que [ella]
publicaba no era verdadera y que en realidad eran asuntos que asumía
[p]or venganzas […] o por complicidad personal con las madres de las
víctimas, pero que en realidad no era capaz de producir información
objetiva”;
Que “la permisividad e interés por publicar [sus] notas sobre violencia
contra las mujeres se realizó sólo en un período de tiempo en el que
coincidentemente había una tensa relación entre el medio y el
gobierno del Estado” y que “[su] salida de los medios y veto a [su]
trabajo coincide también cuando esa tensión logra negociarse y [su]
trabajo por cubrir notas en torno a la violencia contra las mujeres no
sólo ya no se ve como importante sino que se asume peligroso para el
gobierno, los empresarios y para la ciudad”;
Que “[e]n el último año no sólo se mantenían constantes las
intimidaciones” sino que “también dentro del periódico se comenzó a
marginar[la]”;
Que en un segundo momento, “que es el vigente, [le] ha producido
una situación de grave inestabilidad que atenta contra [su] integridad
física y psicológica, así como la de [su] familia”;
Que ahora “[le] es imposible seguir en [su] ciudad, Ciudad Juárez,
principalmente por el daño que se hizo en [su] vida profesional, pero
también porque la situación de extrema violencia e inseguridad de la
ciudad permiten la realización de actos violentos indiscriminados
contra la población civil –allanamiento de casas por el ejército,
detenciones arbitrarias, tortura, presunción de asesinato por el
Ej[é]rcito Mexicano” lo cual “revive un riesgo fundado e inminente
para [ella], pues desde agosto de 2006 no h[a] vuelto a aparecer