de la capacidad económica del Estado. No se puede olvidar que el artículo 1.1 en relación con el artículo 5 CADH consagran una obligación de cumplimiento inmediato; por el contrario, las obligaciones que se derivan del artículo 26 convencional son de desarrollo progresivo, y pueden materializarse paulatinamente según las condiciones de cada Estado. Como consecuencia, con la posición planteada en este caso se pierde la perentoriedad que le daba fundamento a la obligación de mantener condiciones dignas de detención a partir del derecho a la integridad personal. Ésta es la razón por la que me separo del punto resolutivo 15 de la sentencia. Humberto Antonio Sierra Porto Juez Pablo Saavedra Alessandri Secretário 5