60 seguridad públicos” cometidos por particulares. Dichas normas estaban vigentes al momento de los hechos y fueron aplicadas al caso concreto. 81. La Corte hace notar que el señor Palamara Iribarne fue absuelto del delito de desacato en primera instancia y que dicha sentencia no fue apelada (supra párr. 63.88 a 63.89). Sin embargo, a través de la utilización de la figura de la consulta, la Corte Marcial de la Armada revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y condenó al señor Palamara Iribarne como autor del delito de desacato establecido en los artículos 264.3 circunstancia tercera, 265 y 266 del Código Penal de Chile (supra párr. 63.89 a 63.91). 82. En materia de restricciones a la libertad de expresión a través del establecimiento de responsabilidades ulteriores el Tribunal ha establecido, en casos anteriores, que es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública gocen, en los términos del artículo 13.2 de la Convención, de una mayor protección que permita un margen de apertura para un debate amplio, esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático180. Estos criterios se aplican en el presente caso respecto de las opiniones críticas o declaraciones de interés público vertidas por el señor Palamara Iribarne en relación con las actuaciones realizadas por el Fiscal Naval de Magallanes en el marco del proceso penal militar seguido en su contra por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares. Además, los hechos del presente caso y las declaraciones del señor Palamara Iribarne suscitaron interés por parte de la prensa y, por consiguiente, del público. 83. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual se debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de dicho control democrático181. Ello se aplica a los funcionarios y miembros de la Armada, incluyendo aquellos que integran los tribunales. Además, al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. 84. Es así que, tal como lo ha señalado la Corte, tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública, de políticos y de instituciones estatales, se debe aplicar un umbral diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada182, en este caso particular las actuaciones de la Fiscalía en el proceso penal militar que se estaba instruyendo en contra de la presunta víctima. 85. El Tribunal ha señalado que la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas en el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley 180 Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 172, párr. 98; Caso Herrera Ulloa, supra nota 174, párr. 128; y Caso Ivcher Bronstein, supra nota 173, párr. 155. 181 Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 172, párr. 97; Caso Herrera Ulloa, supra nota 174, párr. 127; y Caso Ivcher Bronstein, supra nota 173, párr. 155. En el mismo sentido, Feldek v. Slovakia, no. 29032/95, § 83, ECHR 2001-VIII; y Sürek and Özdemir v. Turkey, nos. 23927/94 and 24277/94, § 60, ECHR Judgment of 8 July, 1999. 182 Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 172, párr 103; Caso Herrera Ulloa, supra nota 174, párr. 129; y Caso Ivcher Bronstein, supra nota 173, párr. 155.