También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares, cuando su
conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho
difuso. Para la acción de amparo no habrá inhibición del juez que deba conocerla y todos
los días serán hábiles.
37. Agrega el Estado que la naturaleza cautelar de la acción de amparo implica que, de
aceptarse el recurso de amparo, corregida la violación constitucional, la autoridad pública
puede actuar nuevamente sobre el asunto, siempre que lo haga constitucionalmente. En
consecuencia la acción de amparo constitucional está concebida para que el juez de primera
instancia, de creerlo necesario, adopte medidas urgentes para evitar un daño y no como se
pretende en esta petición, para impugnar un contrato de concesión petrolera que por su
naturaleza jurídica, debe ser impugnado por otra vía judicial.
38. Formula el Estado que la concesión petrolera es una decisión estatal regida por el principio
constitucional del dominio público de los recursos naturales del subsuelo y que el contrato
legalmente celebrado con la empresa CGC constituye un acto de aquellos denominados por la
doctrina como actos administrativos de concesión, por el cual el Estado autoriza a particulares
la realización de ciertas actividades que, en principio, le corresponden a éste. Explica el Estado
que el contrato de concesión petrolera es un acto administrativo de concesión que se concreta
en un contrato administrativo.
39. Argumenta el Estado que si un acto de este tipo, eventualmente causa o podría causar un
potencial daño a un particular, como por ejemplo daños ambientales, la legislación ecuatoriana
prevé otro tipo de acción judicial que reúne las condiciones de eficacia e idoneidad requeridas
por la Corte Interamericana, a través de la jurisdicción contencioso administrativa, esto es, el
recurso contencioso-administrativo de plena jurisdicción o subjetivo. La ley de la jurisdicción
contencioso administrativa dispone en sus artículos primero y tercero lo siguiente:
Artículo 1. El recurso contencioso-administrativo puede interponerse por personas
naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la administración
pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un
derecho o interés directo del demandante
Artículo 3. El recurso contencioso administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o
subjetivo, y de anulación u objetivo.
El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara a un derecho subjetivo del
recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por
el acto administrativos de que se trata.
El recurso de anulación objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la
norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga
interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto
impugnado por adolecer de un vicio legal.
40. Por lo tanto, expresa el Estado, al interponer la acción de amparo no se podría, bajo
ninguna circunstancia, declarar la ilegalidad de la concesión petrolera otorgada a la empresa
CGC, lo que sí podría intentarse a través de un recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el
tribunal competente.
41. El Estado señala que otro recurso que resultaría efectivo, dentro del proceso contencioso
administrativo, es el recurso de casación, que el peticionario podría interponer de la sentencia
que dicte uno de los tribunales de distrito de lo contencioso administrativo. Agrega que este
recurso sí podría resultar adecuado entendiendo por adecuado lo señalado por la Corte
Interamericana, es decir, que la función de estos recursos, dentro del sistema del derecho
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