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criollas, para obras de infraestructura pública y predial como caminos, electricidad, pozos de agua,
etc.”.
(v) El Gobierno Provincial explica adicionalmente que como consecuencia de las distintas
reuniones con autoridades nacionales y provinciales para la consecución de financiamiento, y
teniendo en cuenta las necesidades del proceso de regularización de tierras, “se priorizaron las
necesidades y se ordenaron los ejes temáticos en tres etapas: 1. Mensuras y titulación; 2.
Infraestructura macro y predial para las Relocalizaciones de Familias Criollas; 3. La elaboración e
implementación de un Plan de Desarrollo Integral para los lotes 55 y 14 que incluya a ambos
sectores sociales, criollo e indígena”.
(vi) El Gobierno Provincial indica la participación de la Asociación Lhaka Honhat en este proceso:
“Lhaka Honhat, a través de su representante Francisco Pérez, manifiesta que apoya el proceso y
acompaña a las organizaciones criollas en sus petitorios, como así también a las medidas que
tiendan a garantizar el goce de sus derechos, por lo que vienen peleando hace muchos años, pero
aclara que la firma de esta acta no implica la renuncia o el hecho de desistir a los reclamos y
denuncias presentados ante la CIDH, ni al procedimiento que actualmente tramita ante este
organismo internacional, con el número 12094, iniciado para alcanzar la protección efectiva de sus
derechos indígenas, vinculados a sus territorios tradicionales, recursos naturales y cultura entre
otros. Tampoco puede interpretarse la firma de esta acta como una reapertura del proceso de
solución amistosa, cerrado ante la CIDH”.
(d) Por último, a título de información complementaria, el Estado reporta que “el territorio que
compone los Lotes Fiscales 55 y 14 cuenta con la protección necesaria que le otorga la Ley de
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Salta (Ley 7543) y su Decreto
Reglamentario, bajo las categorías de Conservación I y II (Rojo y Amarillo)”.
117.
El Estado Provincial adjuntó a su informe una serie de actas, algunas de ellas
protocolizadas y otras manuscritas, en las que consta el desarrollo de diversas reuniones entre
representantes del Gobierno, de las comunidades indígenas de los Lotes Fiscales, de la Asociación
Lhaka Honhat y de los representantes de las familias criollas, así como de sus asesores, entre abril de
2009 y septiembre de 2010. En resumen, estos registros demuestran que los representantes de la
Asociación Lhaka Honhat tomaron parte activa de las reuniones y del proceso, llamando a todas las
partes a encontrar una solución común y reiterando constantemente su reclamo de un título único de
propiedad sobre las tierras. También demuestran que varias comunidades indígenas del área, que
también están participando en el proceso, no forman parte de la Asociación Lhaka Honhat, y reclaman
expresamente títulos de propiedad separados.
118.
El 27 de abril de 2011, la Comisionada Luz Patricia Mejía presidió una reunión de trabajo
en Buenos Aires sobre el presente caso, en el curso de su visita a Argentina. Si bien los peticionarios
127
fueron convocados oportunamente a esta reunión, se rehusaron a asistir .
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Los peticionarios explicaban en los términos siguientes los motivos de su negativa: “En primer lugar, cabe recordar
que desde el mes de abril del año 2005 –hace exactamente seis años- se encuentra quebrado el proceso de solución amistosa que
se desarrolló durante cinco años con el Estado nacional y provincial. Desde entonces, los peticionarios vinimos solicitando de
manera reiterada a la CIDH que emita, sin más demora, el informe de fondo previsto en el art. 50 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH). En tanto el proceso de solución amistosa está quebrado, desde el punto de vista técnico
jurídico, no existe en la actualidad instancia alguna en la que una reunión de trabajo pudiera tener un objeto compatible con el
estado procesal de este caso. // En segundo lugar, en la audiencia celebrada en octubre de 2009 en la sede de la CIDH, fue el
propio Estado Nacional el que reconoció los múltiples daños producidos a raíz del transcurso del tiempo –once años desde la
denuncia para ese entonces y casi trece hasta hoy-; y en consecuencia le solicitó de motu propio a la CIDH que dicte el informe de
fondo. (…) Han pasado ya 18 meses desde entonces y seguimos esperando dicho pronunciamiento. // En tercer lugar, es
importante remarcar que, en los últimos años el gobierno de Salta ha propiciado diversas reuniones, de múltiple naturaleza, con
comunidades indígenas y familias criollas. Algunos representantes de Lhaka Honhat han participado de estos espacios con el fin de
conocer las estrategias de la provincia, poder prever sus efectos y, sobre todo, poder incidir sobre decisiones que puedan afectar
de manera definitiva su futuro. Sin embargo, en varias oportunidades, Lhaka Honhat expresó que su participación no significaba
retomar un proceso de solución amistosa en el caso internacional. (…) Lo cierto es que hasta tanto no exista una decisión del
sistema interamericano de derechos humanos las comunidades indígenas no tienen ninguna garantía concreta de que se entregará
un título que respete su forma de relacionarse con la tierra, se trasladará a las familias criollas o que serán consultadas cada vez
que el Estado o grupos privados pretendan implementar, en territorio indígena, medidas que puedan alterar su forma de vida. (…)”