42 84; KM 84 – Tonono; Tonono – Tartagal. Varios tramos de la Ruta Nacional 86 atravesaría el territorio de las comunidades peticionarias, respecto de la cual, según los peticionarios, “ninguna consulta ha sido planeada, no se está evaluando la posibilidad de trazados alternativos, no se ha realizado la evaluación de impacto ambiental, y lo que es fundamental ni siquiera se ha informado a las comunidades de la 139 existencia concreta de este plan” . 136. El 19 de julio de 2001, la construcción de esta Ruta se había repriorizado mediante un 140 decreto . Como consecuencia de la adopción de este decreto, el 3 de mayo de 2001 se publicó en el diario Página/12 un Aviso de Convocatoria a Licitación en el que se incluye la ruta Nacional 86, y se puso el Pliego general de la licitación a disposición de los interesados en la Dirección Nacional de Vialidad. 137. Para el 19 de julio de 2001, el Estado había comenzado, a iniciativa de la Provincia de Salta, el enripiado de un camino que une Santa Victoria Este con La Paz, “de manera sorpresiva y sin 141 ningún tipo de comunicación previa” . 138. El 5 de febrero de 2005, los caciques de las comunidades que forman parte de la Asociación Lhaka Honhat denunciaron a la CIDH la realización de obras de ampliación de la Ruta 142 Provincial No. 54 en su territorio, sin habérseles consultado . También reportaban que “se desmontaron ambas márgenes de la ruta, volteando especies nativas de uso y posesión tradicional de nuestras 143 comunidades (Constitución Nacional Art. 75 inc. 17 y C.P. art. 15 y Convenio 169 O.I.T.)” . Los representantes de los peticionarios aportaron a la CIDH copias de diversas fotografías de dichas obras, 144 en las que se puede apreciar maquinaria pesada realizando trabajos sobre una carretera . 139. El Gobierno Provincial de Salta dio respuesta a estas últimas denuncias mediante comunicación del 21 de febrero de 2005 dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, y copiada a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, en la cual explicaba que la Ruta Provincial No. 54 no era una nueva ruta, sino el mejoramiento de una ya existente para evitar inundaciones y, para lo cual, las comunidades habían sido consultadas. Agregó que las obras eran necesarias para permitir la continuidad del acceso de las comunidades a servicios de salud y educación. Asimismo, “se ha instruido a la Dirección General de Vialidad que limite sus trabajos a niveles de conservación y mantenimiento elemental de la ruta, absteniéndose de realizar tareas que involucren la cubierta vegetal circundante ”145. Deforestación de la zona 140. Según la evidencia remitida, en el territorio ancestral se estaban llevando a cabo actividades de desmonte, en expresa contravención de la prohibición establecida en el Decreto No. 2609 de 1991 del gobierno provincial. 139 Comunicación de los peticionarios recibida el 25 de septiembre de 2000, y transmitida al Estado por la CIDH el 25 de septiembre de 2000. 140 Comunicación de los peticionarios a la CIDH del 19 de julio de 2001, recibida por la CIDH el 19 de julio de 2001 y transmitida al Estado el 31 de agosto de 2001. 141 Comunicación de los peticionarios a la CIDH del 19 de julio de 2001, recibida por la CIDH el 19 de julio de 2001 y transmitida al Estado el 31 de agosto de 2001. 142 Explicaban que desde hacía algún tiempo la Dirección Provincial de Vialidad estaba realizando tareas de retrazado, mejoras y ensanchamientos de dicha Ruta Provincial, en la zona comprendida entre Santa Victoria Este y Misión La Paz; e informaban que “informalmente hemos sabido que estas tareas son preparatorias de trabajos de enripiado de la ruta 54, en el tramo entre estas dos localidades”. Comunicación de los peticionarios recibida el 8 de febrero de 2005, y transmitida al Estado por la CIDH el 16 de febrero de 2005. 143 Comunicación de los peticionarios recibida el 8 de febrero de 2005, y transmitida al Estado por la CIDH el 16 de febrero de 2005. 144 Comunicación de los peticionarios recibida el 8 de febrero de 2005, y transmitida al Estado por la CIDH el 16 de febrero de 2005. 145 Comunicación del Secretario General de la Gobernación de la Provincia de Salta al Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 de febrero de 2005, copiada a la CIDH.