a) La violación de los derechos a la libertad personal y garantías judiciales, establecidos en los
artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2 b), 8.2 d) y 8.2 e) de la Convención Americana en relación con el
artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales
Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández
Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada,
Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
b) La violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada, autonomía y dignidad, a la
igualdad y no discriminación, a no ser torturada y a vivir libre de violencia, establecidos en los
artículos 5.1, 5.2, 11 y 24 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento, en los artículos 1 y 6 de la CIPST y en el artículo 7.a) de la Convención de Belém do
Pará en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia
Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia
Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez
Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
c) La violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los
artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento; de los derechos establecidos en los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST y 7 de la Convención
de Belém do Pará; en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María
Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara
Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez
Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.
d) La violación del derecho a la integridad personal, establecido en el artículo 5.1 de la Convención
Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de
las once mujeres, conforme se indica en el anexo único del informe.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de
reparación:
1.
Disponer una reparación integral a favor de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales
Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández
Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada,
Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, por las
violaciones de derechos humanos declaradas en el informe. Esta reparación debe incluir tanto el
aspecto material como moral.
2.
Brindar de forma gratuita, inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento médico y
psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten y
de manera concertada con ellas.
3.
Continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo
razonable, con el objeto de esclarecer en forma integral los hechos violatorios de la Convención
Americana y otros instrumentos interamericanos e identificar y sancionar los distintos grados de
responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de
responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de
participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de
posibles actos de encubrimiento u omisión. Asimismo, en el marco del cumplimiento de esta
recomendación el Estado deberá evitar cualquier forma de revictimización y asegurar que la
calificación jurídica de los hechos sea conforme a los estándares descritos en el informe.
4.
Disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las
acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de
denegación de justicia identificados en el informe.
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