62. La Comisión se ha referido al impacto negativo que resulta de la preponderancia del partido político en el
gobierno cuando sus directivos intervienen de manera decisiva en la operación de los mecanismos de selección
de candidatos a ocupar puestos de carácter electivo, o bien, cuando en general la organización del acto electoral
no ofrece garantías de una actuación imparcial de los órganos encargados de ejecutar las acciones vinculadas
al mismo. En este ámbito, la Comisión también se ha pronunciado sobre la forma en que un gobierno puede
hacer uso de los recursos que le brinda el poder tanto para transmitir mensajes que le son favorables, como
para restringir la posibilidad de que sus opositores emitan los suyos. Además, la Comisión se ha referido a la
participación compulsiva de empleados públicos en las manifestaciones, así como a actos de violencia dirigidos
a afectar a la oposición e intimidar a los electores. La Comisión asimismo ha tomado en cuenta aspectos
vinculados con la conformación de las mesas electorales; el tribunal electoral y sus facultades, así como la
existencia de boletas electorales comprensibles y carentes de influencia en el elector 49.
63. También, en un caso, la CIDH analizó la figura de senador vitalicio y senadores designados que se
encontraba vigente en Chile, a la luz de los principios de la democracia representativa y subrayó que:
(…) en el caso de los senadores vitalicios, si bien se puede afirmar que esta figura ha sido incorporada en algunos
Estados miembros (véase por ejemplo, el artículo 148 de la Constitución venezolana de 1961 o el artículo 189 de
la Constitución paraguaya), en Chile la figura de la senaduría vitalicia fue impuesta por un régimen de facto, lo que
implicó una especie de autodesignación del entonces Jefe de Estado de Chile, General Augusto Pinochet. En efecto,
mientras que en todos los otros países americanos que tienen esta institución la figura de la senaduría vitalicia se
consagra únicamente para los Presidentes que han sido democráticamente electos --con lo cual se podría aceptar
una legitimación popular indirecta--, en el caso de Chile se ha aplicado para introducir en el Senado a un ex-Jefe
de Estado que no fue electo mediante sufragio auténtico, libre, secreto y universal, según los estándares
universalmente aceptados. Resulta en este sentido contradictorio que el primer Presidente electo
democráticamente en Chile con base en la Constitución de 1980, Patricio Aylwin, no pudo incorporarse al término
de su mandato como senador vitalicio, por no estar comprendido dentro del supuesto constitucional de 6 años
continuos en el ejercicio del poder, mientras que el General Augusto Pinochet, quien ejerció de facto la Jefatura del
Estado sin elección popular sí fue incorporado como senador vitalicio.
Esta situación extraña por demás al propio constitucionalismo democrático chileno, no puede legitimarse con el
argumento de que la figura de los senadores designados o vitalicios fue aprobada por la mayoría del pueblo chileno
en el plebiscito aprobatorio de la Constitución de 1980, pues --aparte de lo señalado anteriormente sobre la falta
de garantías en el mencionado proceso electoral-- las mayorías no pueden disminuir o eliminar un derecho tan
fundamental como es la posibilidad de elegir efectivamente a sus representantes al poder legislativo. Las mayorías
tienen un límite sobre los derechos de las minorías salvaguardados por los derechos humanos. Si así ocurriere, las
mayorías pondrían en grave riesgo los derechos de las minorías, en abierto desafío al Estado democrático de
derecho. Al respecto, es muy ilustrativa la decisión dictada por la Corte Suprema estadounidense, mediante la cual
se declaró la inconstitucionalidad de un referéndum en el Estado de Colorado, en el cual los electores habían
aprobado un plan federal, en lugar de la regla "un voto por cada persona". Dicha Corte ratificó el principio de que
"el derecho constitucional de un individuo a votar en igualdad de condiciones no puede ser negado ni siquiera por
el voto de la mayoría del electorado estatal.
En el caso bajo análisis, conforme ha sido argumentado por los peticionarios, la figura de los senadores designados
compromete la legitimidad misma del Estado de derecho al quitar al pueblo soberano (incluidos los peticionarios
como ciudadanos) la posibilidad de elegir un número significativo (20.83% hasta ahora) de sus representantes.
Esta situación disminuye notablemente la posibilidad de que exista la representatividad necesaria entre el pueblo
y sus representantes. Considera esta Comisión que los efectos de esta figura configuran en la práctica un enclave
autoritario que ha evitado que culmine la transición a la plena democracia representativa.
(… )La Comisión entiende que los derechos a la igualdad política anteriormente citados establecen la
imposibilidad de que los Estados miembros de la Convención Americana den un tratamiento irrazonable distinto
o desigual a sus ciudadanos a la hora de elegir a sus representantes. Por ello, estos derechos implican que los
Estados partes no pueden reducir o diluir la posibilidad efectiva de elegir a sus representantes, dar mayor fuerza
a los votos emitidos por otros miembros del colectivo, así sean representantes populares50.
CIDH, Resolución No. 01/90 Casos 9768, 9780 y 9820 (México), 29 de septiembre de 1990. En el mismo sentido, Informe Anual de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991, III. Derechos Humanos, derechos políticos y democracia representativa en el
sistema interamericano, OEA/Ser.L/V/II.79.rev.1 Doc. 12, 22 de febrero de 1991.
50 CIDH, Informe 137/99, Caso 11.863, Andrés Aylwin Azócar y otros, Chile, 27 de diciembre de 1999.
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