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vigiladas y, luego, se planificaba el secuestro, para lo cual se usaban microbuses o carros
cerrados. Unas veces eran secuestradas en el domicilio, otras en la calle pública. En un caso en
que intervino un carro patrulla e interceptó a los secuestradores, éstos se identificaron como
miembros de un cuerpo especial de las Fuerzas Armadas y se les permitió irse con el secuestrado
(testimonio de Ramón Custodio López, Miguel Ángel Pavón Salazar, Efraín Díaz Arrivillaga y
Florencio Caballero).
107. Un exintegrante de las Fuerzas Armadas, que dijo haber pertenecido a la unidad militar
que luego se organizó como Batallón 316, encargada de llevar a cabo los secuestros, y haber
participado personalmente en algunos de éstos, afirmó que el punto de partida era la orden dada
por el jefe de la unidad para investigar, vigilar y seguir a una persona. Según el testigo, si se
decidía continuar el procedimiento, se ejecutaba el secuestro con personal vestido de civil que
usaba seudónimos, disfrazado y que iba armado. Disponían para ese fin de cuatro vehículos
"pick-up" Toyota de doble cabina, sin marcas policiales, dos de los cuales tenían vidrios
polarizados (testimonio de Florencio Caballero. Ver también testimonio de Virgilio Carías).
108. El Gobierno recusó, en los términos del artículo 37 del Reglamento, a Florencio Caballero
por haber desertado del Ejército y violado el juramento como militar. La Corte, mediante
resolución de 6 de octubre de 1987, rechazó por unanimidad la recusación, reservándose el
derecho de apreciar esa declaración.
109. El actual Director de Inteligencia de las Fuerzas Armadas afirmó que las unidades de
inteligencia no practican detenciones porque "se queman" (quedan al descubierto), ni utilizan
automóviles sin placas, ni usan seudónimos. Agregó que Florencio Caballero nunca trabajó en los
servicios de inteligencia y que fue chofer del Cuartel General del Ejército en Tegucigalpa
(testimonio de Roberto Núñez Montes).
110. El exintegrante de las Fuerzas Armadas afirmó la existencia de cárceles clandestinas y de
lugares especialmente seleccionados para enterrar a quienes eran ejecutados. También refirió
que, dentro de su unidad, había un grupo torturador y otro de interrogación, al que él perteneció.
El grupo torturador aplicaba choques eléctricos, el barril de agua y la capucha. Se mantenía a los
secuestrados desnudos, sin comer, y se les arrojaba agua helada. Agregó que los seleccionados
para ser ejecutados eran entregados a un grupo de exprisioneros, sacados de la cárcel para llevar
a cabo esa tarea, para lo cual al principio utilizaron armas de fuego y luego el puñal y el machete
(testimonio de Florencio Caballero).
111. El actual
Director de Inteligencia negó que las Fuerzas Armadas tengan cárceles
clandestinas, ya que ese no es su modus operandi sino, más bien, el de los elementos
subversivos que las denominan "cárceles del pueblo". Añadió que un servicio de inteligencia no
se dedica a la eliminación física o a las desapariciones sino a obtener información y procesarla,
para que los órganos de decisión de más alto nivel del país tomen las resoluciones apropiadas
(testimonio de Roberto Núñez Montes).
112. Un oficial hondureño, llamado a comparecer por la Corte, dijo que a un detenido no se le
puede forzar violenta o sicológicamente para que brinde la información requerida, porque eso está
prohibido (testimonio de Marco Tulio Regalado Hernández).
113. En un gran número de recortes de la prensa hondureña de esa época, aportados al
expediente por la Comisión, se informa de los casos de desaparición de al menos 64 personas, al
parecer por razones ideológicas, políticas o sindicales. Seis de estas personas, que aparecieron
después, se quejaron de haber sufrido tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En estos recortes se habla de la existencia de diversos cementerios clandestinos, en los que
aparecieron 17 cadáveres.