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anterioridad a la Constitución y, con base en la “cláusula de exclusión” establecida en la
Sección 6, no podía ser invalidada por referencia a los derechos fundamentales
establecidos en las Secciones 4 y 5 de la Constitución. Consecuentemente, la mayoría
sostuvo la validez de la pena de muerte de imposición obligatoria.
116. En el mismo sentido, en una sentencia de 2002 referente a un caso en
Bahamas, el Judicial Committee del Privy Council observó que “[…] es aceptado que
la flagelación es un castigo inhumano y degradante y, salvo que esté protegido de
impugnación constitucional por algún otro precepto de la Constitución, se considera
inconstitucional con base en el precepto constitucional [que prohíbe la tortura y el
trato o castigo inhumano o degradante]”45. Sin embargo, con base en la “cláusula
de exclusión” contenida en la Constitución de Bahamas, el Privy Council confirmó la
constitucionalidad de la legislación que prevé las penas corporales.
117. De lo anterior se desprende que el Estado no proveyó a la presunta víctima
de un recurso efectivo para impugnar la imposición de la mencionada pena corporal.
Consecuentemente, la Corte considera que Trinidad y Tobago es responsable por la
violación del artículo 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la
misma, en perjuicio del señor Caesar.
X
REPARACIONES
(Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana)
Alegatos de la Comisión
118.
La Comisión argumentó que:
a) el Estado debe pagar una indemnización razonable y justificada por los daños
materiales e inmateriales en relación con las violaciones que sufrió el señor
Caesar;
b) el señor Caesar tiene derecho a un monto de indemnización suficiente para
reflejar el carácter fundamental y serio de la naturaleza de las violaciones
cometidas contra él, para otorgarle una reparación adecuada y evitar que
violaciones similares se comentan en el futuro;
c) no tenía objeciones a la solicitud de los representantes referente a la
excarcelación adelantada del señor Caesar, basada en las circunstancias del
presente caso; y
d) las medidas para asegurar la no repetición de las violaciones padecidas por el
señor Caesar son decisivas a través de una decisión justa y efectiva por parte
de la Corte. En particular, se debe obligar al Estado a adoptar las medidas
legislativas o de otro carácter que puedan resultar necesarias para:
i.
45
hacer efectivo el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de
conformidad con los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención;
Prince Pinder v. The Queen, Privy Council Appeal No. 40/2001 (Bahamas), September 23, 2002,
[2003] 1 AC 620, párr. 5.