-3- Tal como ha sido determinado por la Corte tanto en el presente case como en el caso de Hilaire, Sección 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago, la llamada “cláusula de excepción”, (reflejada en disposiciones constitucionales en el Commonwealth del Caribe) tiene el efecto de proteger contra el escrutinio, en las Cortes nacionales, de ciertos actos del Estado que de otra manera estarían incumpliendo las disposiciones de los derechos fundamentales de dicha Constitución. Sin embargo, por virtud de los principios establecidos en el artículo 26 de la Convención de Viena, esto no exime al estado de su deberes según el derecho internacional; al grado al que dicha disposición pretenda hacerlo, constituye un claro incumplimiento de las obligaciones internacionales relevantes. Los países que entraron de manera voluntaria y soberana a los tratados no pueden elegir cuáles obligaciones de los mismos van a obedecer y cuales van a despreciar. Aún cuando se presenten reservas, está claramente establecido en el derecho y la práctica internacional que dichas reservas no deben ser “incompatibles con el objeto y el fin del tratado”. (Convención de Viena: Artículo 19). Trinidad y Tobago ha ejercitado su derecho soberana a denunciar y retirarse de la Convención. Sin embargo, ningún estado que se haya comprometido a un tratado internacional, puede de buena fe rehusarse a cumplir las obligaciones que de modo inequívoco se obligó a honrar durante el plazo de validez del tratado. Eso sería una burla para el derecho internacional y, en el caso de los tratados de derechos humanos, socavaría un régimen de preocupación internacional por el ser humano como individuo que se remonta hasta al menos la Declaración Universal de Derechos Humanos. El hecho de que esté surgiendo una clara tendencia por parte de los estados del Commonwealth del Caribe en esta sombría dirección, con sus implicaciones para la integridad y aceptación del sistema interamericano, es un tema de gran preocupación. Oliver Jackman Juez Pablo Saavedra Alessandri Secretario