12 el propio ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, como grupos de limpieza social financiados por sectores nacionales no identificados, presumiblemente formados por delincuentes, militares, ex-militares, policías y ex–policías. Desde 1986 hasta 2002 murieron violentamente y en condiciones no esclarecidas aproximadamente 700 niños y niñas, conclusión basada en las hojas de levantamiento de cadáveres del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público y de la DGIC, que brindan la información más fidedigna. Lo anterior explica la diferencia entre las cifras del Estado en comparación con los números presentados por organizaciones no gubernamentales que tienen como fuente la imprecisa información publicada en los diarios nacionales. Las muertes interpandillas constituyen aproximadamente el 60% de los casos; la acción del crimen organizado y el narcotráfico ocasiona más del 30% de dichas muertes y un 8% es atribuido a grupos particulares clandestinos de “limpieza social”. Las investigaciones también han establecido que entre los presuntos culpables figuran policías vinculados a grupos particulares y clandestinos de “limpieza social”, procediéndose de inmediato a su enjuiciamiento penal. Los resultados de las distintas acciones tienden a ser evidentes y decisivos en el mediano y largo plazo, aunque ya existen valiosos resultados de corto plazo. Ha sido una preocupación del Estado investigar los casos de muerte de menores y acabar con cualquier forma de impunidad. El Presidente de la República ha reconocido ante la comunidad nacional e internacional que en Honduras está sucediendo el fenómeno de muerte violenta de jóvenes, muchos de ellos vinculados a pandillas, así como su compromiso con la investigación. El Estado ha adoptado diversas medidas para la prevención de la muerte de menores y la violencia relacionada con las pandillas: la creación del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social de personas vinculadas a pandillas; la intervención y reestructuración del IHNFA; la gestión de cooperación internacional para la ejecución de proyectos de readecuación metodológica y de infraestructura social de los centros de internamiento de niños y niñas bajo la responsabilidad del IHNFA; el ofrecimiento de oportunidades a más de 600 niños y niñas de la calle o en situación de riesgo para ser atendidos en instituciones de España y un número mayor que es atendido nacionalmente, así como a más de un millón de niños beneficiados por el Programa de Merienda Escolar; la readecuación de la infraestructura de los centros penales, y la ejecución de programas de rehabilitación y remoción de tatuajes en las granjas penales y en algunos centros penitenciarios. c) Ricardo Rolando Díaz Martínez, supervisor general de la Secretaría de Seguridad, asignado a cargo de la Unidad Especial de Investigación de Muerte de Menores La Unidad Especial de Investigación de Muertes de Menores tiene por función investigar todos los casos de muertes de personas menores de 21 años de edad con características o patrones considerados como ejecuciones. El equipo tiene a cargo alrededor de 1,016 expedientes asignados de homicidios, dentro de los cuales un promedio de 186 han sido remitidos a los Fiscales del Ministerio Público. Informes mensuales con los resultados de las actividades investigativas son rendidos a la Comisión Interinstitucional de Protección a la Niñez y la Infancia, órgano superior a la Unidad Especial. Mediante la cooperación con organizaciones no-gubernamentales se ha logrado establecer algún tipo de protección testifical a declarantes o personal conocedores