44 115. El entonces Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en su informe titulado “Informe Especial sobre Muertes Violentas de Niños, Niñas y Adolescentes en Honduras” de 21 de enero de 2002, señaló que “desde que Honduras retornó al orden constitucional en el año 1980, ningún gobierno adoptó acciones o presupuestos extraordinarios para proteger y atender las necesidades de la infancia, pese a la gravedad de la situación.” Respecto de la violencia que afecta a un sector de los jóvenes en Honduras, expresó que [ocurrió la] sustitución de la investigación y el análisis por una cobertura periodística del tema caracterizada por el “sensacionalismo” y “amarillismo”, a través de la cual se estereotipó o etiquetó al “marero” como “delincuente”, pese a que cifras de la Dirección General de Investigación Criminal (DIC) confirmaron que los menores de 18 años no son los protagonistas principales de la inseguridad ciudadana. De 42 mil denuncias recibidas a febrero del 2000, sólo 5.5% de los responsables fueron menores de 18 años. Una investigación sobre Pandillas y Violencia Juvenil señala que “es usual encontrar en las páginas dedicadas a la nota roja en la prensa local, crónicas dedicadas al relato de las acciones delictivas y violentas realizados por adolescentes y jóvenes mareros o pandilleros. Esta amplia acogida que han encontrado sus actividades en la prensa local ha contribuido a proyectar ante la opinión pública la imagen de que las maras o pandillas juveniles están integradas por adolescentes y jóvenes incorregibles para los cuales la única alternativa de profilaxis social es la cadena perpetua o lo muerte”. 116. El Estado tiene la obligación de asegurar la protección de los niños y jóvenes afectados por la pobreza que estén socialmente marginados77 y, especialmente, evitar su estigmatización social como delincuentes. Es pertinente destacar, como lo hizo la Corte en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), que si los Estados tienen elementos para creer que los niños en situación de riesgo están afectados por factores que pueden inducirlos a cometer actos ilícitos, o disponen de elementos para concluir que los han cometido, en casos concretos, deben extremar las medidas de prevención del delito78. El Estado debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño79. 117. Los hechos del presente caso ocurrieron en razón de la condición de personas en situación de riesgo social que tenían las víctimas, lo que demuestra que el Estado no les proporcionó a Marco Antonio Servellón García ni a Rony Alexis Betancourth Vásquez un ambiente que les protegiera de la violencia y del abuso, y no permitió su acceso a servicios y bienes esenciales, de una forma tal que esa falta privó definitivamente a los menores su posibilidad de emanciparse, desarrollarse y de tornarse adultos que pudieran determinar su propio futuro. * * * 118. La Corte no puede dejar de advertir que los hechos del presente caso forman parte de una situación en que prevalece un alto índice de impunidad en hechos criminales 77 Cfr. La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, 21 de Julio de 2003, UN Document CRC/GC/2003/4. 78 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 69, párr. 197; y Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad). Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/112 de 4 de diciembre de 1990, Capítulo III, párr. 9. 79 Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 63, párrs. 124, 163 a 164, y 171; Caso Bulacio, supra nota 54, párrs. 126, 133 y 134; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 69, párrs. 146 y 195; y Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02, supra nota 72, párr. 60.