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1.
Perito propuesto por la Comisión Interamericana
a)
Leo Valladares Lanza, ex Comisionado Nacional de Derechos Humanos
de Honduras
Fue el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos desde octubre de 1992 hasta el 5 de
marzo de 2002. El 21 de enero de 2002 publicó el “Informe Especial sobre Muertes
Violentas de Niños, Niñas y Adolescentes en Honduras”, donde hace un resumen de los
hallazgos y formula una serie de conclusiones y recomendaciones al Estado, el cual adjuntó
al dictamen.
El Estado ha adoptado medidas tendientes a mejorar la situación de los niños, pero todavía
persiste un elevado número de muertes de jóvenes y persiste la casi total ineficacia en las
investigaciones, así como la falta de sanciones a los responsables. Se han llevado ante los
tribunales a miembros de la policía sindicados de abusos a los derechos humanos de niños,
niñas y adolescentes, pero es escasa la relación con los casos denunciados. El Estado ha
aumentado las medidas represivas en contra de los jóvenes. Por un lado, no existe una
política criminal que evite los excesos en contra de los jóvenes y, por otro lado, los
esfuerzos por las medidas de prevención y protección son débiles. El Instituto Hondureño
de la Niñez y de la Familia (en adelante “IHNFA”) se caracteriza por su burocracia, que lo
hace ineficaz. Igualmente, el Código de la Niñez y la Adolescencia, a pesar de una década
de vigencia, no ha tenido eficaz aplicación y falta la debida formación de los jueces.
Honduras es un país con unos de los niveles de pobreza más elevado del hemisferio, pero
eso no justifica que se desatiendan los problemas prioritarios, y uno de ellos es la situación
de los niños, niñas y adolescentes.
De su Informe como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de las
observaciones de la situación actual, el perito concluye que existe un contexto de violencia
respecto de niños, niñas y adolescentes en Honduras, que persiste la impunidad y que no se
brinda un adecuado tratamiento a los privados de libertad.
2.
Peritos propuestos por los representantes
a)
Reina Auxiliadora Rivera Joya, actual directora ejecutiva de la
organización no gubernamental, Centro de Investigación y Promoción de los
Derechos Humanos, ex jueza de Letras de lo Criminal y ex fiscal auxiliar de
la Fiscalía de Derechos Humanos.
Durante las décadas de los ochenta y noventa e inicios del siglo veintiuno, el Estado ha
transitado de una preocupación por la seguridad nacional y el conflicto armado regional a un
temor por la seguridad ciudadana, en particular por el incremento del crimen organizado y
la violencia callejera.
Ante el aumento del número de homicidios a partir del año 1992, los órganos policiales
empezaron a dar prioridad a la delincuencia común y a tratar de cumplir su rol de órganos
auxiliares del Ministerio Público y del Poder Judicial. En 1998 desapareció la Fuerza de
Seguridad Pública (FUSEP) y se crearon los cuerpos especiales de Policía adscritos a la
Secretaría de Seguridad. No obstante el cambio de enfoque respecto de las nuevas
amenazas a la seguridad, el personal y la formación profesional de la policía permaneció
bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas hasta finales del año 1998, por lo que fueron
un constante en esa década las denuncias sobre violaciones a derechos humanos que se