-4quien corresponde evaluarlas y resolver de acuerdo a lo establecido en dicha norma. En primer término, esta Presidencia constata que las solicitudes de asistencia del Fondo fueron realizadas en la debida oportunidad procesal. De igual modo, advierte que los representantes hicieron las solicitudes en nombre de las presuntas víctimas. En efecto, el Presidente reitera que son las presuntas víctimas las que deben beneficiarse del Fondo de Asistencia9. 5. La solicitud planteada por CEJIL se fundamenta en la “precariedad socioeconómica” de la presunta víctima Víctor Ancalaf Llaupe, quien “trabaja en actividades agrícolas en su comunidad, [… y] la mayor parte de su actividad laboral se destina a la economía de subsistencia”, a lo cual “se suma las dificultades para integrarse plenamente a la Comunidad como consecuencia del estigma que el procesamiento y condena por conductas terroristas significa”. Para sustentar dicha solicitud presentó, entre otra, un certificado de “acreditación socioeconómica” emitido por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Collipulli de Chile respecto de la situación del señor Ancalaf Llaupe y su grupo familiar10. CEJIL detalló que la presunta víctima Víctor Ancalaf solicita ayuda del Fondo de Asistencia para cubrir: (i) gastos de viaje “de las personas que la Corte llame a declarar en audiencia, incluyendo a Victor Ancalaf, y a los testigos y peritos que la Corte estime pertinente escuchar de forma oral”; (ii) “[g]astos de notario derivados de las declaraciones de [presuntas] víctimas, testigos y peritos que la Corte considere pertinente recibir por affidávit”, y (iii) “[g]astos y viaje” para la realización del peritaje de la psicóloga Vargas. 6. La solicitud planteada por la FIDH para que las presuntas víctimas Pascual Pichún Paillalao y Florencio Jaime Marileo Saravia reciban asistencia para sufragar “los gastos correspondientes a [su] comparecencia ante la C[orte]” se fundamenta en que “son agricultores, comuneros mapuche, insertos en una economía de subsistencia y no cuentan con ingresos suficientes para solventar su traslado y permanencia en el lugar del Juicio”. Para sustentar la solicitud presentó las declaraciones escritas de dichas presuntas víctimas en relación con sus recursos económicos11. Asimismo, la FIDH explicó que las presuntas víctimas “fueron representadas gratuitamente, durante toda la tramitación interna […] por abogados de la Defensoría Penal Pública y, para efectos de la tramitación del caso seguido ante la Comisión Interamericana […] han sido representados por abogados ad honorem, así como por la FIDH”. Además, indicó que “[e]l presupuesto de la FIDH correspondiente a la litigación de [este] caso […] está asignado a financiar la participación e intervención en las audiencias ante la Corte IDH de [tres] abogados […, de otras dos presuntas víctimas12], y dos peritos”, y que “[p]or estos motivos la FIDH no cuenta con los recursos necesarios para asumir los gastos correspondientes a la comparecencia ante la [Corte] de [las presuntas víctimas] Pascual Pichun y Jaime Marileo”. 9 Cfr. Caso González Medina y otros Vs. República Dominicana. Resolución del Presidente de la Corte de 23 de febrero de 2011, Considerando octavo, y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Resolución del Presidente de la Corte de 1 de diciembre de 2011, Considerando décimo. 10 En dicho certificado suscrito el 17 de enero de 2012 se acredita que el grupo familiar del señor Ancalaf Llaupe se encuentra “en el 1° quintil más vulnerable de la población” y “actualmente se encuentra en el […] Sistema de Protección Social Chile Solidario”. CEJIL también presentó copia de una tarjeta del señor Ancalaf para su acceso a los servicios de salud como carente de recursos, y aportó información sobre las tazas de pobreza e indigencia que afectan a los mapuche en Chile. 11 En su declaración de 20 de diciembre de 2011 la presunta víctima Florencio Jaime Marileo Saravia afirma “no ten[er] los recursos económicos suficientes para financiar [su] viaje a las Audiencias de la Corte Interamericana en Costa Rica”. En su declaración de 11 de enero de 2012 la presunta víctima Pascual Pichún Paillalao afirma “no tener los recursos suficientes para viajar a Costa Rica para participar en las audiencias del caso”.   12 Juan Patricio Marileo Saravia y José Hunechunao Mariñán.