3 sus vidas. De acuerdo con lo informado por la Comisión “en el pueblo donde habitan, El Camalote, se rumora que hay gente que […] ‘está esperando para matarlos’”; e) la situación de vulnerabilidad de Inés Fernández Ortega y su familia es manifiesta, tras los acosos de personal militar en su comunidad, sobretodo si se toma en consideración que su caso ante la Comisión, en el que se alega que miembros del ejército la violaron sexualmente, se encuentra en una etapa procesal muy avanzada. La Comisión mencionó que el 3 de febrero de 2009 Fortunato Prisciliano Sierra, esposo de Inés Fernández Ortega, vio a 50 militares, con armas largas, buscando algo en una parcela de su propiedad. Resolvió entonces junto con su familia encerrarse en su casa durante ese día, ante el temor de que alguno de ellos fuera detenido e interrogado por los militares. Al día siguiente, Fortunato Prisciliano constató que los militares habían causado diversos daños y le habían robado parte de su cosecha. La Comisión señaló que, de acuerdo con los representantes, la presencia de los militares en esa zona representa un acto de intimidación contra Inés Fernández Ortega y su esposo, así como a otros miembros y dirigentes de organizaciones indígenas; f) el 13 de febrero de 2009, dos líderes indígenas mixtecos del estado de Guerrero, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron desaparecidos y, una semana después, sus cuerpos sin vida fueron encontrados con presuntas huellas de tortura. Los señores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas eran dirigentes de la OFPM, a través de la cual trabajaban en iniciativas comunes con los beneficiarios de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. Luego de su desaparición, sus familiares habrían recibido hostigamientos, así como graves amenazas personales y telefónicas por parte de agentes estatales y de desconocidos, para que desistan de su búsqueda de justicia. Más aún, la Comisión considera imprescindible destacar que el Congreso Nacional de México ha considerado que el gobierno estatal no ha llevado a cabo una investigación seria, independiente y efectiva de los hechos de la desaparición y ejecución de Raúl Lucas y Manuel Ponce, hecho que coloca a sus familiares y a los demás defensores en una situación de aún extrema vulnerabilidad, y g) la organización Tlachinollan, co-peticionaria en el caso de Inés Fernández Ortega ante la Comisión Interamericana, habría sido objeto de descalificaciones públicas por parte de miembros de las autoridades civiles y castrenses en el estado de Guerrero. Más grave aún, es que entre los días 16 de enero y 20 de marzo de 2009 miembros de Tlachinollan habrían recibido varias amenazas particularmente en situaciones en que Obtilia Eugenio Manuel tuvo alguna relación con ellos, y sus teléfonos habrían sido intervenidos. En otra ocasión, el 15 de febrero de 2009, el esposo de Inés Fernández Ortega habría sido preguntado sobre los miembros de Tlachinollan. Asimismo, Obtilia Eugenio Manuel habría recibido llamadas en las que preguntaron de forma intimidante por los nombres de los abogados de dicha organización. Además, en el marco de los hechos relacionados con la desaparición y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Tlachinollan se convirtió en representante de las familias de éstos a nivel interno e internacional. En marzo de 2009 Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional solicitaron la ampliación de las medidas cautelares otorgadas a favor de Obtilia Eugenio Manuel y miembros de la OPIT (MC 6-05), con la finalidad de incluir a los 29 miembros de Tlachinollan2, en virtud de la situación de extremo riesgo que enfrentaban. 2 Abel Barrera Hernández, Alejandra González Marín, Alejandro Ramos Gallegos, Armando Campos Ochoa, Claudia Ordoñez Viquez, Dionicio Villano González, Epifania Ramírez Arias, Eulogia Flores Vázquez, Gabino Santiago