2 en una institución bancaria colombiana, en dólares estadounidenses o su equivalente en moneda colombiana, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias. Si al cabo de diez años la indemnización no es reclamada, el capital y los intereses devengados serán devueltos al Estado. 91. Los gastos y costas generados por las gestiones realizadas por los representantes de los familiares de las víctimas ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos, serán directamente pagados a favor de la Comisión Colombiana de Juristas y de CEJIL, como se determinó anteriormente (supra párr. 84). 92. El Estado puede cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda colombiana, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago. 93. Los pagos ordenados en la presente Sentencia estarán exentos de todo impuesto actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro. 94. En caso de que el Estado incurra en mora, pagará un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Colombia. 95. Conforme a la práctica constante de este Tribunal, la Corte se reserva la facultad de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en ella. Dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento a esta Sentencia. XIII PUNTOS RESOLUTIVOS 96. Por tanto, LA CORTE, DECIDE: por unanimidad, 1. Que el Estado debe, en los términos de los párrafos 67 a 70 de la presente Sentencia, concluir efectivamente el proceso penal en curso por los hechos relativos a la muerte de las víctimas y que generaron las violaciones a la Convención Americana en el presente caso, identificar a los responsables materiales e intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos, y publicar el resultado del proceso.