de lo indicado por la CEH, en cuanto a que las autopsias realizadas a las personas fallecidas “fueron practicadas de modo superficial y sin los requisitos técnicos necesarios”. 137. En cuarto lugar, la Comisión identifica que a lo largo del proceso, hubo largos periodos de inactividad sin la realización de diligencias. La CIDH destaca: i) la demora de casi dos años de ocurridos los hechos hasta que se decretó la apertura a juicio; ii) la pérdida del expediente durante un par de meses a fines de 1997; y iii) la demora de más de tres años para iniciar un nuevo debate oral conforme a lo ordenado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia en abril de 2000. 138. Finalmente, la CIDH toma nota de los informes de la CEH y la MINUGUA – los cuales son consistentes con la información disponible sobre las investigaciones – que registraron las distintas irregularidades en el trámite del proceso por parte de los distintos jueces que estuvieron a cargo de la investigación. Dichas falencias incluyeron i) la no realización de algunas diligencias; ii) la aceptación contraria al marco legal de distintos recursos y pruebas por parte de la defensa de los procesados; y iii) el contraste de lo anterior con el rechazo no motivado de pruebas y declaraciones por parte de la querellante. A ello se suma, como se indicará en las secciones posteriores, la falta de medidas de protección del Estado frente a las amenazas y hostigamientos de fiscales, jueces, testigos y peticionarios; así como la duración irrazonable del proceso de casi nueve años. 139. En virtud de las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que si bien las autoridades judiciales de Guatemala condenaron a catorce miembros de las Fuerzas Armadas por las ejecuciones extrajudiciales y lesiones de las víctimas de la finca Xamán, a lo largo del proceso que llevó a esta conclusión, se configuraron deficiencias e irregularidades en los procesos internos que, independientemente de aquella, constituyen violaciones del deber de investigar con la debida diligencia, en violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas sobrevivientes y los familiares de todas las víctimas. 3.3. Situación de riesgo para operadores jurídicos, testigos y otros actores en el proceso 140. La CIDH y la Corte ha establecido en su jurisprudencia la obligación del Estado de “adopt[ar] de oficio y de forma inmediata medidas suficientes de protección integral e investigación frente a todo acto de coacción, intimidaciones y amenazas a testigos e investigadores” 215. La CIDH considera que el cumplimiento de dicha obligación de enfrentar adecuadamente los obstáculos adicionales que puedan derivarse de amenazas y hostigamientos a diversos actores en el proceso, se encuentra directamente relacionada con el deber de investigar con la debida diligencia a la luz de los estándares interamericanos. 141. Sobre este punto, los peticionarios presentaron información sobre las distintas amenazas y hostigamientos en su contra, en contra de las víctimas sobrevivientes y miembros de la comunidad, fiscales y jueces. Esta situación fue corroborada no sólo por la CEH sino también por el propio fiscal especial del caso, Ramiro Contreras, quien tuvo que renunciar debido a esta situación. 142. A pesar de los alegatos de los peticionarios al respecto y las conclusiones de la CEH, el Estado no presentó información alguna que indique que adoptó medidas para enfrentar estos obstáculos ni para proteger a las personas amenazas y hostigadas. Tampoco consta en el expediente información al respecto. 143. En ese sentido, la Comisión concluye que a lo largo de la investigación, el Estado incumplió con su obligación de remover los obstáculos generados por las amenazas y hostigamientos en contra de diversos actores en el proceso, lo que a su vez repercutió en la investigación, particularmente en la demora que será analizada a continuación. En virtud de lo anterior, la CIDH determina que por esta razón el Estado también violó derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 215 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr.107. Asimismo, véase: CIDH, Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II. 31 de diciembre de 2015. 35