fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. 35. Por otra parte, ni la Convención Americana ni el Reglamento de la CIDH exigen a los peticionarios identificar los derechos específicos que se alegan violados por parte del Estado en el asunto sometido a la Comisión, aunque los peticionarios pueden hacerlo. En cambio, corresponde a la Comisión, con base en la jurisprudencia del sistema, determinar en sus informes de admisibilidad qué disposición de los instrumentos interamericanos relevantes es aplicable y podría establecerse su violación si los hechos alegados son probados mediante elementos suficientes. 36. En cuanto al argumento estatal conforme al cual el caso es inadmisible debido a la existencia de una decisión en firme a nivel interno con relación a los hechos alegados, la Comisión recuerda que según la jurisprudencia consolidada de los órganos del sistema interamericano “el esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales en virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que” la Comisión y la Corte Interamericanas se ocupen de “examinar los respectivos procesos internos para establecer su compatibilidad con la Convención Americana, lo cual incluye, eventualmente, las decisiones de tribunales superiores” 4 . 37. En ese sentido, la Comisión resalta que el objeto de la presente petición no es la revisión en sí misma de los procesos y decisiones internas. El objeto es la determinación de si las alegadas acciones y omisiones de diversas autoridades estatales, incluso las autoridades a cargo de la investigación y proceso penal, comprometieron la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala. 38. La CIDH considera que de ser ciertos los hechos alegados por los peticionarios, los mismos podrían constituir violaciones de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 19, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Por otro lado, la Comisión considera que no cuenta con elementos suficientes para analizar si los hechos podrían caracterizar una violación a los derechos establecidos en los artículos 11 y 21 de la Convención Americana. V. ANÁLISIS SOBRE EL FONDO A. Hechos probados 1. Sobre el conflicto armado en Guatemala 39. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana se han pronunciado sobre las consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala ocurrido entre los años 1962 y 1996 5. Ambos órganos han tomado en cuenta los hallazgos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (en adelante “la CEH”) en su informe “Guatemala: Memoria del Silencio”, del Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala en su informe “Nunca Más” y de información recopilada por órganos internacionales e internos. Al respecto, la Comisión recapitula la siguiente información 6: 4 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 49. 5 CIDH, Informe No. 6/14, Caso No. 12.788, Fondo, Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, Guatemala, 2 de abril de 2014. Asimismo, véase: Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211. 6 CIDH, Informe No. 6/14, Caso No. 12.788, Fondo, Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, Guatemala, 2 de abril de 2014, párrs. 36-66. 8