5 8. La nota de la Secretaría de 16 de febrero de 2005 en la cual, siguiendo instrucciones del Presidente, reiteró la presentación del referido informe (supra Visto 7). 9. La audiencia pública sobre las medidas provisionales celebrada en la sede de la Corte Interamericana el 14 de marzo de 2005, en la que comparecieron: por la Comisión Interamericana: Juan Pablo Albán, asesor; Víctor H. Madrigal Borloz, asesor, y Verónica Gómez, asesora; por los representantes: Abilio Peña B., representante, y Danilo Rueda, representante; por el Estado: Carlos Franco, Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos; Luis Alfonso Novoa, Coordinador de Derechos Humanos de la Policía Nacional; German Sánchez, Asesor de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia, y Janneth Mabel Lozano Olave, Directora (E) de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores. 10. Los alegatos expuestos por la Comisión en la referida audiencia pública, entre los cuales manifestó que hace varios años los miembros de las Comunidades han sido víctimas de actos de hostigamiento y violencia, destinados a causar el desplazamiento forzado de su territorio titulado colectivamente. Agregó, la Comisión que es la primera oportunidad con la que cuentan las partes para presentar oralmente sus puntos de vista en el presente caso y avanzar en la implementación de los mecanismos de protección para los beneficiarios de las medidas provisionales. Además, indicó la necesidad de que el Estado presente en tiempo y forma los informes escritos exigidos por el mecanismo de seguimiento instaurado por la Corte, y a su vez, reconoció la buena disposición del Estado de cooperar con los órganos del sistema interamericano. Seguidamente la Comisión señaló, inter alia, que se debe requerir al Estado que: a) adopte en forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la integridad personal de los beneficiarios; b) investigue los hechos de violencia ocurridos por omisión o con la participación de los agentes del Estado, que se han registrado durante los últimos años contra los miembros de las Comunidades. La Comisión resaltó la importancia de la intervención de la Procuraduría General de la Nación como órgano de control; c) en el área de prevención, fortalezca los sistemas de alerta temprana y acompañamiento por parte de órganos estatales, como la Defensoría del