Unidas. Según los peticionarios en Colombia existen patrones de amenazas, homicidios y actos de hostigamiento que entorpecen la labor de las defensoras y defensores a lo largo del país. 8. La petición señala que la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvéar Restrepo" (en adelante "el Colectivo de Abogados") es una organización no gubernamental de derechos humanos, fundada en 1980, integrada por personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos, y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a través de la asesoría y representación legal de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ante los tribunales nacionales e internacionales. Según adujeron los peticionarios, los miembros del Colectivo de Abogados durante más de 25 años han representado tanto en instancias judiciales nacionales, como en instancias de supervisión internacional a numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos. Señalaron, por ejemplo, que el Colectivo de Abogados ha sido peticionaria de casos contenciosos decididos por la Corte Interamericana como el Caso de la "Masacre de Mapiripán" y el Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia y de medidas provisionales como el Caso Pueblo Indígena de Kankuamo. También señalaron que el Colectivo de Abogados actúa como representante de las víctimas en un importante número de peticiones individuales y de medidas cautelares en trámite ante la Comisión. 9. Según la denuncia, desde comienzos de 1990 los integrantes del Colectivo de Abogados han sido víctimas de continuas amenazas, atentados, seguimientos, actos de hostigamiento, difamación pública de su trabajo y señalamientos públicos que acrecientan el riesgo en el que desarrollan sus actividades. Según lo alegado por los peticionarios, este patrón sistemático de intimidación es obra de agentes de la Fuerza Pública, miembros de organismos de seguridad del Estado, y particulares que han actuado con el apoyo, la aquiescencia, la tolerancia y la protección de servidores públicos. 10. Según los peticionarios, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los Estados tienen la obligación de prevenir razonablemente cualquier atentado contra la vida de las defensoras y defensores de derechos humanos en su jurisdicción. No obstante, a juicio de los peticionarios, dicha obligación ha sido incumplida por el Estado colombiano, debido a su negativa en la implementación de medidas efectivas para prevenir los actos de hostigamiento en contra de los miembros del Colectivo de Abogados, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión; y debido a la negligencia estatal de efectuar una investigación profunda, efectiva e imparcial de los hechos. Con base en este presunto incumplimiento, los peticionarios alegan que el Estado violó, en perjuicio de las presuntas víctimas, los derechos contenidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana. 11. Los peticionarios adujeron sobre este cargo que miembros del Colectivo de Abogados, individual y colectivamente, han sido víctimas de múltiples amenazas contra su vida, como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos. Así, a finales del mes de agosto de 1999, en algunas vías públicas de la ciudad de Bogotá, fue repartido un panfleto firmado por el "Ejército Rebelde Colombiano" en el cual se amenazaba de muerte a varias personalidades públicas, intelectuales y líderes sociales, entre ellos a Alirio Uribe, miembro de la Junta Directiva del Colectivo de Abogados. A partir de esta fecha, según los peticionarios, Alirio Uribe ha detectado seguimientos, especialmente de hombres extraños en motos sin placas; visitas a su despacho de personas sospechosas; llamadas sospechosas a su residencia, llamadas a su anterior lugar de trabajo; así como visitas de personas desconocidas a su casa bajo el pretexto de que quieren "darle un regalo". 12. También se alegó que en otra oportunidad, el 13 de mayo 2005, al arribar a su casa, la entonces presidenta del Colectivo de Abogados, Soraya Gutiérrez Argüello, recibió en 3