como su derecho de circulación y residencia. Respecto de este último derecho, los peticionarios alegaron específicamente que varios de los miembros del Colectivo de Abogados han debido exiliarse durante meses o años en otros países debido a las amenazas y atentados. Así, en la petición alegó que en 1991 Eduardo Umaña Luna tuvo que abandonar el país por amenazas en su contra. A finales de 1994, Rafael Barrios Mendivil, miembro fundador del Colectivo de Abogados, fue objeto de reiteradas amenazas debido a su trabajo en los casos de las masacres de "Caloto" y "Los Uvos", por lo cual se vio obligado a abandonar el país por seis meses. Posteriormente, en agosto de 1999, Rafael Barrios Mendivil debió salir del país luego de recibir amenazas por haber presentado una demanda de constitucionalidad contra un reglamento de las Fuerzas Armadas. 17. Adicionalmente, los peticionarios alegaron otros actos dirigidos a coartar su labor y a acrecentar el riesgo en el que desarrollan sus actividades a través de la recopilación de información personal por autoridades estatales a través de informes de inteligencia, todo ello en contravención a su derecho a la protección de la honra y la intimidad. Al respecto, los peticionarios alegaron que en Colombia, autoridades adscritas a organismos de seguridad del Estado, recopilan información privada acerca de defensores de derechos humanos para crear informes de inteligencia que luego son usados para intimidar a los defensores. Sobre del Colectivo de Abogados, los peticionarios refirieron que al proceso penal No. 9668 de la Fiscalía Regional de Bogotá, el Ejército Nacional de Colombia allegó como prueba un informe de inteligencia militar denominado “Miscelánea” suscrito por la XIII Brigada del Ejército con sede en Bogotá. En el informe se sindicaba de ser simpatizantes o militantes de la guerrilla a más de dos centenares de líderes cívicos y populares, concejales, alcaldes, defensores de derechos humanos, entres otros. Entre ellos, se señala a Alirio Uribe como parte de una supuesta "red de apoyo del ELN" que "lidera una campaña para buscar la calidad de presos políticos de los bandidos". Los peticionarios alegaron que de la lista mencionada en el informe de inteligencia aludido, varias personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, otras de desaparición forzada, otras de detenciones arbitrarias y otras objeto de constantes amenazas lo que les ha obligado a desplazarse o a exiliarse. 18. Los peticionarios además alegaron que los miembros del Colectivo de Abogados "ha[n] tenido que soportar, en diferentes etapas, las afirmaciones tendenciosas y difamatorias […] por parte de agentes estatales", en violación con su derecho a la honra y la intimidad. Los peticionarios señalaron que a partir de 2003, el Presidente de la República ha señalado en escenarios públicos dentro y fuera del país que el Colectivo de Abogados se escuda en la defensa de los derechos humanos para defender a terroristas y guerrilleros 4, de lo cual han hecho eco grupos paramilitares para amenazar a sus miembros, aumentando el riesgo histórico en el que vivían. 19. Así, señalan los peticionarios que el 29 de septiembre de 2003, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en un comunicado público, acogieron con 4 Los peticionarios alegaron que el 10 de febrero de 2004 en reunión que sostuvo el Presidente Álvaro Uribe Vélez con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, en Estrasburgo (Francia), se refirió al Colectivo de Abogados diciendo que: "no se puede utilizar el tema de los derechos humanos como excusa para dar cobertura a los terroristas". Igualmente expresó: que “Si el Colectivo de Abogados quiere defender terroristas, que lo haga según el derecho, pero que no se escude en organizaciones de derechos humanos”. Igualmente, los peticionarios denunciaron que en la página electrónica oficial de la Dirección Nacional de Estupefacientes (http://www.dnecolombia.gov.co/contenido.php?sid=21) aparecía la siguiente referencia: "ASUNTOS JURÍDICOS RELEVANTES El 22 de enero de 2001, los señores Claudia Sanpedro Torres y Héctor Alfredo Suárez Mejía, con la coadyuvancia entre otros del H. Representante Gustavo Petro y del colectivo de abogados Alvear Restrepo (tradicionales defensores de las FARC) encabezados por su presidente Alirio Uribe, instauraron ante el tribunal Administrativo de Cundinamarca, Acción Popular en contra del Ministerio del Medio Ambiente, el ICA y la Dirección Nacional de Estupefacientes. " 5