9 a) “el Estado vulnera continua, sistem[á]tica y notoriamente el derecho a la vida e integridad personal de la población reclusa”. Desde que se adoptaron las medidas provisionales en cada una de las cárceles venezolanas [concernidas], el resultado de la violencia carcelaria ha sido de 502 muertos y 1041 heridos (55 muertos y 84 heridos en La Pica; 135 muertos y 190 heridos en Yare; 158 muertos y 405 heridos en Uribana, y 154 muertos y 362 heridos en El Rodeo). Además, “s[ó]lo [en] lo que va del año 2009, en estos centros penitenciarios ya han muerto 55 personas y han resultado 158 heridos”. Así, “[e]n Venezuela mueren más reclusos que en el resto del hemisferio, y cada dos años y medio muere el equivalente a toda la población de un centro penitenciario completo en [el] país”; b) las huelgas de hambre y los “autosecuestros de familiares” tienen como principales causales, inter alia, la exigencia de destitución o cambio de autoridades, la falta de respeto de los lapsos procesales respecto de los internos que no han sido condenados por delito alguno y que se encuentran en prisión bajo condición de procesados, las dilaciones indebidas para el otorgamiento de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena para los internos condenados, el maltrato físico por parte de efectivos de la Guardia Nacional, la exigencia de “condiciones de infraestructura acordes con la población penal y [la falta de] respeto a sus familiares”; c) “continúan los procedimientos de requisa a fin de desarmar a la población reclusa, donde prevalecen los vejámenes por parte de los efectivos de la [G]uardia [N]acional”. Para los representantes, “la causa principal de la extrema violencia que se vive en las cárceles venezolanas, es el ingreso de armas de fuego […] prov[eniente de lo que ellos denominan] mafias carcelarias compuestas por funcionarios tanto de la Guardia Nacional como del Ministerio de Interiores y Justicia, que son los que tienen la facilidad y negocian y trafican […] armas [con] los reclusos que están dentro de las cárceles”; d) “[s]i bien el número de vigilantes aumentó respecto al que existía para el momento de emi[sión de] la[s] resoluci[ones] de medidas provisionales […], [su número] sigue siendo insuficiente”. Además, se reiteró que “desde la emisión de las resoluciones de es[t]a Corte hasta la actualidad, nunca h[a] coincidido el número de vigilantes apostados según los informes del Estado y los que [los representantes] p[ueden] observar” en sus visitas a las cárceles”; e) los internos suelen consumir alimentos suministrados por sus familiares, de manera que sólo aquellos internos que no tienen apoyo familiar consumen los alimentos del centro de reclusión. Así, los internos manifiestan “inconformidad por la poca cantidad y mala calidad de la comida”; f) existe “déficit de médicos y de insumos necesarios para brindarle debida atención médica a la población reclusa. Los cuatro centros de reclusión suman una población de más de 4.000 internos, en los cuales sólo laboran un aproximado de seis médicos con una carencia de insumos”; g) si bien “reconoce[n] los esfuerzos emprendidos por el Estado en aras de atacar los severos problemas de infraestructura”, “prevalece el hacinamiento, aunado a infraestructuras deterioradas”, pese a “los esfuerzos del Estado en la construcción de 15 comunidades penitenciarias”. Los centros de reclusión “carecen de baños”, “el servicio de agua suele ser restringido, y el espacio donde se baña la