se hicieron presentes, para acordonar la zona, tropas de la Contraguerrilla de la Policía de Urabá, del Batallón Vélez y del Batallón No. 33 Cacique Lutaima. Sin embargo, hasta el 27 de febrero de 2005 la comisión judicial (infra Visto 12.b) se desplazó al lugar e hizo el levantamiento de los cuerpos. Ese mismo día los representantes dejaron constancia ante la Fiscalía de la alteración y ocultamiento, por parte de los militares, de evidencias relacionadas con las muertes, ya que uno de los integrantes del ejército recogió un machete con visibles muestras de sangre y lo limpió en las orillas del río Mulatos; b) el 22 de febrero de 2005 fue encontrada una fosa ubicada en la finca del señor Alfonso Bolívar con varios cuerpos. El 25 de febrero de 2005, previa solicitud de los miembros de la Comunidad, una comisión compuesta por un Fiscal, un Procurador y diez técnicos judiciales llegó a la referida finca, y logró corroborar el hallazgo de los cuerpos de Sandra Milena Muñoz, Alfonso Bolívar Tuberquía y Alejandro Pérez Cuiles, los cuales mostraban señales de descuartizamiento, y de Natalia Andrea Tuberquia Muñoz, de 6 años de edad y de Santiago Tuberquia Muñoz, de 2 años de edad, todos miembros de la Comunidad, y c) el 1 de febrero de 2005 el señor Otalivar Triana, conductor de transporte público que presta servicios entre Apartadó y San José, fue amenazado de muerte por el señor Wilmar Durango Areiza, “reconocido paramilitar que en diversas ocasiones ha sido denunciado por actos criminales cometidos en contra de habitantes de San José de Apartadó por patrullar uniformado y armado con integrantes de la Brigada XVII [del Ejército Nacional]”. Los representantes señalaron que “los miembros de la Comunidad [de Paz] han manifestado que en caso de darse la presencia de la policía irrespetando los principios de la Comunidad […], los habitantes se verán obligados a adelantar un desplazamiento forzado[. Añadieron que] los testimonios recogidos en la zona en donde ocurrió la masacre permiten concluir que existen serias y reales evidencias que comprometen la responsabilidad directa de integrantes de la Brigada XVII del Ejército Nacional en la comisión de los crímenes denunciados.” 13. La audiencia pública sobre las medidas provisionales celebrada en la sede de la Corte Interamericana el 14 de marzo de 2005, en la que comparecieron: por la Comisión Interamericana: Juan Pablo Albán, asesor; Verónica Gómez, asesora, y Víctor H. Madrigal Borloz, asesor; por los representantes: Javier Giraldo Moreno, representante, y Elkin de Jesús Ramirez Jaramillo, representante; por el Estado: Carlos Franco, Director del Programa Presidencial para los Derechos Humanos; 6